Anagrama ha defendido en un comunicado el derecho a publicar el libro ‘El odio’, de Luisgé Martín, y afirma que el volumen “se aleja y rechaza” cualquier intención que no sea la de presentar al lector la “maldad del asesino”, sin “justificar, ni exculpar el crimen”, sino “mostrando su horror”. Desde la editorial aseguran ser “plenamente conscientes de la monstruosidad de los crímenes” de José Bretón y afirman “comprender” la sensibilidad que puede suscitar la exploración de la condición de asesino. Con todo, reiteran el compromiso con la responsabilidad editorial y la libertad de expresión, que “deben convivir”. “Entendemos que la literatura puede y debe abordar estos temas sin dejar la complejidad que representan, como hace Luisgé en ‘El odio’.‘”, precisan.
“La literatura siempre ha tratado realidades complejas y dolorosas también crímenes que han marcado sociedades enteras. Desde Emmanuel Carrère o Truman Capote, y tantos otros, los escritores pueden trabajar con materiales difíciles y controvertidos”, aseguran en la nota, donde aseguran que esperarán la resolución judicial antes de tomar una decisión.
La obra de Luisgé Martín esgrimen que busca “dilucidar” una violencia extrema, las condiciones en las que se produce y las implicaciones “filosóficas y éticas de la crueldad como una pulsión de lo humano“, explorando cómo la sociedad y la psicología individual convierten en actos que “desafían la moral”. Al mismo tiempo, Anagrama constata que la Constitución reconoce el derecho fundamental a la creación literaria.
El libro, en compás de espera
La editorial Anagrama ha dejado en compás de espera el libro ‘El odio’, en el que José Bretón confiesa el asesinato de sus dos hijos, por los que cumple condena. Lo hace para hacer consultas legales, según explicaron a la ACN fuentes de la editorial. De hecho, Ruth Ortiz, la madre de los dos niños, había pedido amparo a la justicia para que se paralizara la distribución del libro y la Fiscalía de Barcelona, donde se encuentra la sede de la editorial, ha pedido medidas cautelares para la suspensión de la publicación del libro. El Servicio de Atención a Víctimas de Andalucía (SAVA) presentó previamente un escrito a la Fiscalía pidiendo “ayuda, auxilio y amparo”, firmado por Ruth Ortiz, en el que considera ilegal la publicación.
