Este miércoles por la mañana, el expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero ha llegado puntualmente a las 8:49 horas a la sede de la Audiencia Nacional (AN) de Madrid para prestar declaración en relación con el conocido como caso Plus Ultra, así como por el controvertido tema de las joyas que le fueron decomisadas y que se encontraban dentro de su despacho.
El exlíder socialista accedió al edificio judicial en coche particular y lo hizo por la puerta principal, un acceso reservado habitualmente a los magistrados, no a los visitantes. Esta medida fue solicitada por motivos estrictos de seguridad. El juez instructor, José Luis Calama, había citado a Zapatero a declarar a las 9 horas, con el objetivo de interrogarle tanto por el presunto tráfico de influencias vinculado al rescate financiero de la aerolínea Plus Ultra —que ascendía a 53 millones de euros— como por los hechos relacionados con las joyas confiscadas, valoradas aproximadamente en 1,3 millones de euros.
Investigación judicial sobre tráfico de influencias y blanqueo
El magistrado está investigando al expresidente por posibles delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales, específicamente relacionados con la concesión del rescate económico a Plus Ultra. Además, también se le imputan presuntas infracciones vinculadas al contrabando y delito fiscal derivadas de la posesión y gestión de las joyas. La declaración se ha llevado a cabo a puerta cerrada, dado que el procedimiento todavía se encuentra en fase de instrucción.
Peticiones denegadas respecto al calendario y asistencia durante la declaración
El pasado lunes, la defensa de Zapatero había pedido aplazar la parte relativa a las joyas porque necesitaba más tiempo para prepararse debidamente; esto después de que solo cinco días antes se hubiera abierto una pieza separada sobre esta cuestión. No obstante, Calama rechazó esta petición el pasado martes argumentando que no había nuevos hechos ni diligencias incorporadas que justificaran retrasar el proceso.
Esta misma jornada, el juez también denegó otra solicitud proveniente de la acusación popular liderada por el Partido Popular (PP). Esta reclamaba que todas las acusaciones presentes —entre ellas Vox, Hazte Oír o Ciudadanos— pudieran asistir presencialmente durante la declaración. En respuesta, Calama recordó que “las diligencias instructoras no son actos públicos” y señaló que todas estas acusaciones deben actuar mediante el letrado del PP.
