En junio de 2021, Carlos Patricio B.M. mató a Younes, un joven magrebí casado y padre de dos hijos, de tres disparos, en un bar del puerto de Mazarrón (Murcia). El exmilitar había tenido un enfrentamiento aquella misma tarde con un amigo de la víctima, por lo que 'se obsesionó' con aquel grupo de amigos mayoritariamente magrebíes.
Más tarde, el agresor fue a casa donde cogió un arma. Esta arma, según el acusado, era herencia de su padre y se la dieron inutilizada desde el ejército. Pero él compró un nuevo cañón por internet, devolviéndole toda la funcionalidad al arma, cosa que es totalmente ilegal.
Escondió el arma bajo la camisa y se volvió hacia el bar donde había tenido el enfrentamiento. El acusado desafió a la víctima, sacó la pistola y le disparó tres veces a corta distancia, hiriéndolo mortalmente. Younes murió poco después de llegar al hospital Virgen de la Arrixaca, de Murcia.
JUICIO CON JURADO POPULAR
Ahora se ha hecho el juicio contra Carlos Patricio. En la primera sesión la fiscal aseguró que "Se mató a Younes por su raza, por motivos discriminatorios". Sin embargo, el jurado popular no lo ha visto así.
Así, el tribunal popular, que daba a conocer su veredicto este martes por la tarde, y los nueve miembros no se han puesto de acuerdo para considerar probada la concurrencia de la circunstancia agravante de discriminación.
Y esto a pesar de que el acusado dijo aquella noche cosas como 'qué hacen los putos moros en la barra' y cuando fue detenido, dejó espetar: 'Que no se acerquen los moros'. El jurado consideró probado, eso sí, que el acusado había cogido la pistola sin seguro y balas del armero en su casa, donde guardaba armas sin autorización.
Después de la lectura del veredicto, la Fiscalía ha solicitado una pena de 21 años de prisión por asesinato y la privación del derecho a residir en Mazarrón durante 10 años, además de un año de prisión por tenencia ilícita de armas.
En cuanto a la responsabilidad civil, se solicita una indemnización de 190.000 euros para la mujer y el hijo del difunto y 90.000 euros para los padres. La acusación particular y popular se adhieren a estas penas, aunque argumentan el agravante de discriminación. La defensa se adhiere a las solicitudes de la fiscalía.
