La Plataforma Femar, encargada de suministrar menús de comida a residencias infantiles y residencias para personas mayores, ha sido multada después de comprobar que envió a residencias infantiles comida en muy mal estado, caducada, con alimentos podridos e incluso con gusanos.
Según recoge la Cadena Ser, los hechos habrían sucedido desde el pasado 11 de junio en una residencia infantil de Colmenar Viejo, en Madrid, desde donde denunciaron haber recibido huevos podridos y con gusanos y una lata de atún que estaba perforada y perdía aceite.
El 21 de julio, otra residencia infantil, Nuestra Señora de Lourdes, denunció haber recibido huevos recubiertos de polvo y suciedad y que olían muy mal.
Dos meses antes, en mayo, el centro de primera acogida Isabel Clara Eugenia de Madrid denunció haber recibido 25 kg de mandarinas “no adecuadas”. Y en junio, otro centro de Hortaleza recibió nectarinas y piñas en muy mal estado.
En total, Plataforma Femar ha sido sancionada por la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid a pagar una multa de 2.853,01 €.
La entidad ha recibido otra sanción, de 374,22 €, por enviar gelatinas caducadas a otra residencia de primera infancia de Madrid. Y en junio y julio pasados rompieron la cadena del frío en numerosas ocasiones, hecho que ha supuesto dos multas de 703,42 € y 383,16 €.
Nuevo contrato para suministrar comida
A pesar de todos estos incidentes y sanciones por parte de la Consejería, la Plataforma Femar consiguió, el mes pasado, renovar su contrato para suministrar comida a 22 residencias infantiles públicas que alimentan entre 600 y 800 menores.
Desde la Consejería aseguran que la ley no impide volver a contratar a una empresa sancionada, y lo justifican explicando que los alimentos en mal estado no llegaron a servirse a los niños.
La oposición en la Asamblea de Madrid, PSOE y Más Madrid, han denunciado en numerosas ocasiones que se estén proporcionando alimentos podridos y en mal estado a los niños y a las personas mayores de la Comunidad con dinero público a través de empresas privadas que no hacen ningún tipo de control sobre la comida.
La Comunidad, por su parte, defiende que la empresa haya podido presentarse al concurso y argumentan que “es una empresa que contratan todas las administraciones y actualmente se encuentra en más de 800 procesos de licitación, la mayor parte del gobierno central”.
