La Comisión Europea ha enviado un aviso formal a España indicando que la disminución del IVA de los carburantes hasta el 10% contraviene las normas comunitarias. Esta información, avanzada por El País, ha sido confirmada tanto por fuentes europeas como por el propio Ministerio de Hacienda español.
El gobierno español adoptó esta medida como una de las principales respuestas para mitigar los impactos económicos derivados del conflicto en el Oriente Medio. Desde Hacienda, se ha resaltado que se trata de una herramienta "puntual", no "estructural", y han insistido en que la "prioridad" es "apoyar a familias, autónomos y empresas" con el objetivo de "mitigar los efectos de un conflicto bélico que no debería haber comenzado nunca". Además, el gobierno encabezado por Pedro Sánchez mantiene un diálogo "constructivo y fluido" con Bruselas.
Carta oficial enviada el 28 de marzo
La advertencia europea llegó en forma de una carta remitida el sábado 28 de marzo, según han explicado fuentes comunitarias. Esta misma comunicación también se ha dirigido a Polonia, donde se ha implementado una rebaja fiscal similar a la española en el precio de los carburantes.
Esta misiva recordaba a los gobiernos implicados que la directiva europea sobre el IVA no contempla reducciones en este impuesto específicamente aplicadas a los suministros de combustible. En cambio, sí que autoriza a los estados miembros a disminuir los impuestos especiales sobre estos productos energéticos. Según las mismas fuentes, se recomendaba expresamente optar por esta vía alternativa.
Situación actual y posibles prórrogas
A estas alturas, la reducción del precio de los combustibles fósiles mediante esta rebaja fiscal está prevista hasta el próximo 30 de junio. No obstante, desde el gobierno español no descartan ampliar este plazo si las tensiones geopolíticas en Oriente Medio continúan repercutiendo negativamente en la economía mundial.
Divergencias entre España y Bruselas sobre política energética
Más allá del cumplimiento normativo, la iniciativa adoptada por el gobierno liderado por Sánchez contrasta con las recomendaciones expresadas desde la Comisión Europea. Esta última apuesta claramente por fomentar medidas orientadas al ahorro energético y no incentivos que puedan estimular un mayor consumo de combustibles.