El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha procesado por delitos de terrorismo y fabricación y uso de artefactos explosivos con finalidad terrorista al hombre de 74 años detenido en Burgos por el envío de seis cartas con explosivos el pasado mes de noviembre al presidente del gobierno español, la ministra de Defensa, las instalaciones de la empresa Instalaza en Zaragoza, las embajadas de Estados Unidos y Ucrania en Madrid y el centro de satélites de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz.
El juez le atribuye este delito porque, aunque no hay indicios de que pertenezca a un grupo terrorista organizado, sus acciones, el contexto de una guerra, la viabilidad de los artefactos y los destinatarios “evidencian que en el ánimo del procesado está presente el objetivo de alterar la paz pública” y transmitir el mensaje de que las acciones las habrían cometido personas vinculadas a Rusia por el apoyo del Estado a Ucrania, con el objetivo de obligar a los poderes públicos a desistir de esta actitud.
En su resolución, el magistrado detalla los indicios contra el hombre, como todo el material que se encontró en su casa, así como la coincidencia del ADN encontrado en los artefactos explosivos y el seguimiento de las cartas enviadas. Amazon también ha informado de que el hombre compró entre junio y julio un kilo de nitrato potásico puro, cable con mecha, interruptores y filamentos de cobre y bombillas incandescentes. Después compró plantillas para escribir números y letras, brocas, tornillos, etiquetas adhesivas y otros materiales. Las etiquetas coinciden con las de las cartas, así como las letras y los números.
Los dos delitos se le atribuyen en su modalidad agravada, ya que los envíos se dirigieron a personas como el presidente del gobierno español y la ministra de Defensa, con nombres y apellidos. En cuanto al delito de terrorismo, Calama argumenta que la doctrina concluye que es posible considerar una acción como terrorista aunque no esté vinculada a una banda organizada cuando los hechos tengan la suficiente entidad para alterar gravemente la paz pública.
