Un paciente ha sido detenido tras protagonizar una agresión múltiple contra varios profesionales sanitarios en el Centro de Salud de Sant Antoni, en Ibiza. Según ha confirmado el Área de Salud de Ibiza y Formentera, el hombre dio una patada a una médica, escupió a una enfermera y también agredió a personal del SAMU 061 durante la noche del viernes.
La intervención del personal de seguridad del centro fue clave para contener al hombre y evitar que la situación fuera a más. Posteriormente, el presunto agresor quedó en manos de la policía y fue detenido. La médica agredida ha anunciado que presentará denuncia.
De momento, no ha trascendido qué desencadenó la actitud violenta del paciente ni las circunstancias previas a la agresión.
EL ÁREA DE SALUD CONDENA LA AGRESIÓN
El Área de Salud de Ibiza y Formentera ha condenado "con absoluta firmeza" cualquier agresión contra los profesionales sanitarios mientras ejercen su trabajo y ha activado el sistema de respuesta y apoyo previsto para estos casos.
El incidente se produce, precisamente, durante los meses de máxima presión asistencial en las Pitiusas. Este julio y agosto, los centros de salud de Vila y Sant Antoni disponen de personal de seguridad las 24 horas del día. Además, los refuerzos se alargarán hasta octubre. El Hospital y el Centro de Salud de Formentera también tienen vigilancia permanente durante toda la semana.
Los centros de atención primaria disponen, igualmente, de botones de pánico conectados con los servicios de seguridad y los cuerpos policiales.
¿QUÉ PENAS PUEDE COMPORTAR AGREDIR A UN SANITARIO?
Penalmente, una agresión a un profesional sanitario de la sanidad pública mientras ejerce sus funciones puede llegar a ser considerada un delito de atentado contra un funcionario público, en función de las circunstancias concretas del caso. El artículo 550 del Código Penal incluye el uso de la fuerza o la acometida contra funcionarios públicos cuando están ejerciendo sus funciones o con motivo de estas. En los supuestos generales de atentado que no son contra una autoridad, el artículo 551 prevé penas de entre uno y tres años de prisión.
A esta responsabilidad se pueden añadir, según el resultado de la agresión, delitos de lesiones u otras infracciones penales, así como la obligación de indemnizar a las víctimas por los daños físicos o psicológicos causados. Por lo tanto, la pena final dependerá de la calificación que hagan la Fiscalía y el juzgado, de las lesiones acreditadas y de la situación jurídica concreta de los profesionales agredidos.
En este caso, será la investigación policial y, posteriormente, la autoridad judicial quien determine los delitos que se imputan finalmente al detenido.