Pedro Sánchez ha comparecido este miércoles en el Congreso de los Diputados para presentar un ambicioso plan estatal contra la corrupción con 15 medidas concretas que afectan a empresas, instituciones, partidos políticos y a la administración pública. El anuncio llega en plena sacudida por el 'caso Cerdán', y en un contexto de presión creciente por parte de los socios de gobierno y la oposición.
Según ha detallado el presidente, el plan ha sido elaborado en colaboración con la OCDE, Sumar, la sociedad civil, el Foro de Gobierno Abierto, el GRECO del Consejo de Europa y las recomendaciones de la Comisión Europea. Establecerá un mecanismo de evaluación y revisión externa supervisado por la OCDE. Será "el impulso más importante a la prevención, la lucha y la reparación de la corrupción en las últimas décadas", ha asegurado Sánchez ante el Congreso.
Agencia Anticorrupción y unificación de organismos
La medida estrella es la creación de la Agencia Independiente de Integridad Pública, que tendrá competencias de prevención, supervisión y persecución de prácticas corruptas. El nuevo organismo unificará varias estructuras existentes y tendrá la capacidad de iniciar investigaciones y proteger informadores. "En España tenemos muchos organismos de lucha contra la corrupción, y es evidente que eso genera ineficiencias y vacíos", ha afirmado Sánchez.
También se extenderá la metodología de los fondos Next Generation a toda la administración, utilizando inteligencia artificial para detectar anomalías y fraude en contrataciones y subvenciones.
El plan introducirá en la Lecrim el derecho a la confidencialidad, la protección y el apoyo legal para las personas que expongan prácticas corruptas. "Nuestra lucha contra la corrupción no se puede basar en rumores, pero tampoco puede permitir que informaciones valiosas se pierdan", ha remarcado Sánchez.
Exámenes patrimoniales y transparencia
Los altos cargos deberán tener dedicación exclusiva y someterse a un examen patrimonial final, así como a controles aleatorios durante el mandato, gestionados por la Oficina de Conflictos de Intereses. Además, se publicarán contratos, convenios, retribuciones, agendas y declaraciones de bienes.
Otra novedad será la transformación de la Plataforma de Contratación del Sector Público, que se convertirá en una herramienta de análisis automatizado para prevenir el fraude.
Control estricto en los partidos
El plan establece que cualquier partido o fundación que reciba más de 50.000 euros públicos deberá contratar una auditoría externa. Si no lo hacen, podrían perder el derecho a recibir subvenciones públicas. También se introduce la prohibición de mantener a las direcciones personas condenadas por corrupción, bajo pena de perder subvenciones.
Justicia, penas y recuperación de dinero
El plan también contempla la creación de juzgados especializados en delitos contra la administración pública, el refuerzo de la Fiscalía Anticorrupción y la instrucción penal por parte del Ministerio Fiscal.
También se modificarán los criterios para multar a empresas corruptoras: las sanciones se calcularán sobre los ingresos anuales, no los beneficios, y se creará una lista negra de empresas excluidas de la contratación pública. "No pueden seguir operando sin pagar las consecuencias de sus prácticas", ha asegurado el presidente.
El Código Penal también será reformado para endurecer las penas, penalizar la obstrucción a la justicia y vincular beneficios penitenciarios a la restitución del dinero robado. Se reforzará la Oficina de Recuperación de Activos y se creará la figura del "decomiso administrativo".
Medidas educativas y sociales
Las últimas medidas incluyen formación obligatoria en ética pública para funcionarios, una campaña social de concienciación anticorrupción y una encuesta anual sobre la percepción de la corrupción en España.
Contexto: el caso Cerdán y la crisis de confianza
Sánchez ha reconocido que el caso Cerdán le llevó a considerar su dimisión y la convocatoria de elecciones anticipadas: "Tirar la toalla no es ninguna opción", ha dicho, asegurando que "como persona que los voy a nombrar evidentemente tengo parte de responsabilidad".
Tras pedir "disculpas" por haber confiado en Ábalos y Cerdán, ha asegurado que desconocía las actividades delictivas y que creyó su versión inicial porque "pensaba que conocía la vida sencilla que llevaba a Madrid y a su pueblo". Y ha añadido que su gobierno "no tiene policía patriótica".
Reacciones parlamentarias
La presentación del plan ha generado reacciones diversas. PP y Vox, con duras críticas, han exigido la dimisión del presidente. Alberto Núñez Feijóo ha afirmado que Sánchez "es un fraude" y ha reclamado que "confiese todo lo que sabe" y convoque elecciones." ¿Cómo nos tiene que sacar usted de este despiste, si nos metió?", ha exclamado.
Desde Vox, Santiago Abascal ha ido más allá y ha reclamado "su dimisión, la puesta a disposición judicial y que confieses".
ERC, a través de Gabriel Rufián, ha pedido a Sánchez que deje atrás el discurso "defensivo" y pase a "la ofensiva" con "medidas realmente radicales", advirtiendo de que "su permanencia no frene a la derecha sino que la consolide".
Sumar, con Yolanda Díaz al frente, ha valorado positivamente el plan pero ha exigido "un cambio de rumbo decidido" y un "giro social". Díaz ha subrayado que la corrupción "no es una plaga" sino una práctica tolerada durante décadas: "Está aquí porque durante décadas nadie ha querido eliminarla y ahora ha llegado el momento de hacerlo".
Junts, por boca de Míriam Nogueras, ha sido contundente: "No aprobará ninguna ley que sirva para maquillar toda la porquería", y ha reclamado afrontar la politización judicial y el déficit fiscal de Cataluña.
Podemos ha sido escéptico. Su portavoz, Ione Belarra, ha acusado a Sánchez de "tapar un escándalo mediático con medidas cosméticas" y ha desafiado al presidente a señalar empresas concretas como Acciona: "No recibirán ni un solo euro de dinero público".
Sánchez defiende su proyecto
El presidente ha cerrado su intervención afirmando que el proyecto político de su gobierno va "mucho más allá de su persona" y ha acusado a la derecha de querer "deshumanizarlo":"No tiraré la toalla y continuaré porque tenemos un gran proyecto de país que no podemos abandonar porque algunos fueron egoístas y les fue igual jugarse lo que nunca fue suyo".
Con el nuevo plan, el presidente busca recuperar el apoyo parlamentario y la confianza ciudadana, enfrentándose a una de las crisis más graves de su mandato. El Congreso y la ciudadanía, sin embargo, decidirán si este giro es lo suficientemente profundo o si llega demasiado tarde.