El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que su ejecutivo aprobará un conjunto de cinco medidas legislativas y reguladoras que incluyen la prohibición de acceso a los menores de 16 años a las redes sociales. Esta iniciativa, que se enmarca en el ejemplo establecido por Francia, tiene como objetivo principal "proteger a los menores e intensificar el control sobre las redes sociales".
Sánchez ha explicado que estas nuevas normas obligarán a las plataformas digitales a implantar "sistemas efectivos de verificación de edad" y a frenar "los abusos" con la finalidad de garantizar "un entorno digital seguro, democrático y respetuoso con los derechos fundamentales".
Un discurso contundente en la World Government Summit
En el marco del World Government Summit celebrado en Dubái, el presidente ha advertido sobre la situación actual de las redes sociales, afirmando que se han transformado en un "estado fallido, un lugar donde se vulneran las leyes y se permiten delitos, donde la desinformación supera la verdad y donde casi la mitad de los usuarios sufren actos de odio".
Además, ha denunciado que estas plataformas son espacios donde "los algoritmos distorsionan el debate público y se comercializan datos personales", poniendo ejemplos concretos: TikTok ha sido acusada de permitir cuentas maliciosas que difunden pornografía infantil generada con inteligencia artificial; recientemente, el propietario de X, Elon Musk, utilizó su perfil personal para “amplificar desinformación” relacionada con la regularización de medio millón de inmigrantes en España; Instagram está bajo sospecha por presuntas actividades de espionaje a sus usuarios; mientras que Facebook ha sido vinculado a campañas masivas de desinformación durante procesos electorales.
Sánchez concluyó esta parte afirmando: "Si queremos proteger a los usuarios solo hay una vía posible: recuperar el control para que estas plataformas cumplan las normas como cualquier otra entidad."
Cinco medidas clave contra la impunidad digital
Entre las reformas previstas destaca la eliminación de la impunidad legal de los directivos responsables. Así pues, estos podrán ser considerados penalmente responsables si no retiran contenidos ilegales o de odio publicados en sus plataformas
Asimismo, se definirá como delito tanto la manipulación de los algoritmos como la amplificación intencionada de contenido ilegal. En este sentido, Sánchez ha reclamado una política de "tolerancia cero" hacia cualquier tipo de coerción digital.
Además, ha anunciado que el ejecutivo trabajará conjuntamente con la fiscalía para investigar posibles infracciones legales cometidas por empresas como Grok, TikTok o Instagram.
Nuevas herramientas para combatir el odio en línea
Por otro lado, se instaurará un sistema específico dedicado al rastreo, cuantificación y trazabilidad del fenómeno denominado “huella de odio y polarización”, con el objetivo de identificar claramente qué permisividad tienen las plataformas digitales hacia este tipo de contenido nocivo
Colaboración internacional para reforzar la regulación digital
Finalmente, España se ha sumado recientemente a otros cinco países europeos integrantes de la Coalición de los Dispuestos Digitales. Este grupo busca avanzar coordinadamente en una aplicación más estricta y ágil de una normativa multinacional destinada a controlar mejor las redes sociales.
