La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha instado este miércoles a España a profundizar la reforma del sistema de pensiones y a revisar diversos impuestos para afrontar el incremento de costes derivados del envejecimiento de la población. En un informe publicado hoy, el organismo señala al Estado como el segundo país de la UE donde más crecerán los gastos vinculados al envejecimiento, con un aumento del 3,8% del PIB entre 2024 y 2044, solo superado por Portugal.
Según el documento, las presiones sobre las finanzas públicas españolas aumentarán a largo plazo, impulsadas principalmente por el gasto en pensiones, pero también por el incremento de costes asociados a la lucha contra los fenómenos climáticos y a la defensa. Ante este escenario, la OCDE reclama una reforma fiscal “equilibrada” que evite que la brecha entre gasto e ingresos se siga ampliando. La organización recomienda extender el periodo de cálculo de los derechos de pensión y hacer un seguimiento más exhaustivo del gasto.
El informe también apuesta por impulsar programas dirigidos a los trabajadores de mayor edad para mejorar sus habilidades y, paralelamente, simplificar los procesos de llegada e integración de personas procedentes de países terceros con el objetivo de atraer “más talento del extranjero”.
En el ámbito fiscal, la OCDE apunta que las cargas impositivas sobre el trabajo en España son “elevadas”, un factor que podría limitar la creación de empleo. En cambio, los impuestos sobre el consumo continúan por debajo de la media del conjunto de países de la organización. Por ello, plantea “equilibrar” el sistema y hacerlo “más equitativo y eficiente”, al tiempo que incremente la recaudación. Entre las medidas sugeridas se encuentran la armonización al alza del IVA, la reducción de exenciones, la equiparación de los impuestos especiales sobre la gasolina y el diésel y el aumento de los tributos vinculados a la energía y el automóvil. También propone reducir la presión fiscal sobre las familias con menos recursos.
Mejora de las previsiones económicas
A pesar de las advertencias, la OCDE mejora las previsiones de crecimiento para la economía española. La organización calcula que el PIB crecerá un 2,9% en 2025, tres décimas más que en su previsión anterior. El crecimiento se moderará al 2,2% en 2026 y al 1,8% en 2027, manteniendo España como la gran economía de la eurozona que más avanzará el próximo año
En cuanto al déficit público, el informe anticipa una reducción hasta el 2,5% del PIB en 2025 y al 2,3% en 2027, por debajo del límite del 3% fijado por Bruselas. Además, prevé que la ratio de la deuda pública vuelva a situarse por debajo del 100% del PIB en 2025, un nivel que no se alcanzaba desde 2019. Sin embargo, la OCDE alerta de que la mejora macroeconómica no se está traduciendo en un aumento del bienestar de las familias. “Son necesarias reformas estructurales para elevar el PIB per cápita y reforzar la sostenibilidad fiscal”, subraya, remarcando que la convergencia del poder adquisitivo de los hogares españoles con el de otras economías avanzadas “es todavía limitado”.
Vivienda y clima, dos grandes retos
El acceso a la vivienda y la lucha contra el cambio climático son otros puntos críticos destacados en el informe. La OCDE considera que “los cuellos de botella persistentes” en zonas con alta demanda residencial continúan presionando los precios al alza y defiende que aumentar la oferta es “un elemento central”. Para ello, propone acelerar la conversión de suelo en urbanizable, ampliar la inversión en vivienda social y reforzar la colaboración público-privada.
En materia climática, la organización sitúa a España como el cuarto país europeo con más pérdidas económicas per cápita derivadas de desastres climáticos. “El incremento de las temperaturas, las sequías frecuentes e intensas, las inundaciones, las olas de calor y los incendios forestales amenazan cada vez más el crecimiento futuro del país, el medio ambiente y la salud pública”, alerta. Por ello, recomienda inversiones específicas en adaptación de infraestructuras, mantener y profundizar las políticas de descarbonización y reforzar la inversión en sistemas de almacenamiento de energía.