Ana Julia Quezada, condenada a prisión permanente revisable por el crimen del pequeño Gabriel Cruz, ha vuelto a ser noticia después de que el personal del centro penitenciario de Brieva (Ávila) descubriera que tenía en su celda un objeto no autorizado: un juego de cartas, expresamente prohibido por la normativa interna de las prisiones españolas para evitar posibles situaciones de juego, apuestas y conflictos entre internas.
El material fue intervenido por un funcionario durante una inspección rutinaria. Ante los hechos, la interna admitió que la baraja era suya y aseguró que la había conseguido por medio del servicio interno conocido como el "demandadero", un trabajador de la prisión encargado de gestionar los pedidos de los internos. Según Quezada, el trámite se hizo siguiendo el procedimiento habitual, y la compra fue cobrada de su peculio, el sistema de monedero interno que permite a las internas gastar hasta 100 euros al mes.
A pesar de ello, fuentes penitenciarias recuerdan que la posesión de juegos de cartas, especialmente los asociados al juego de azar como el póquer, está estrictamente vetada por motivos de seguridad. Sólo se admiten algunos juegos concretos, como el parchís o el dominó, dependiendo del reglamento de cada centro.
A consecuencia del incidente, Ana Julia Quezada ha sido trasladada del módulo azul, una unidad conocida por tener un régimen menos severo y donde las internas pueden acceder a ciertos privilegios, al módulo rojo, que cuenta con normas mucho más estrictas y una vigilancia reforzada.
Este nuevo episodio se produce en un momento en que el centro penitenciario se encuentra bajo investigación por una presunta trama de corrupción sexual. Según la causa judicial abierta, dos trabajadores del centro, habrían ofrecido tratos de favor a Quezada, incluyendo objetos prohibidos como chocolate, perfumes o un teléfono móvil, a cambio de mantener relaciones sexuales con ella. El caso fue denunciado públicamente por la madre del pequeño Gabriel, Patricia Ramírez, y actualmente se investiga como un posible delito de soborno.
Mientras tanto, Instituciones Penitenciarias ha abierto una investigación interna para aclarar cómo llegó la baraja de cartas a las manos de la interna y si se produjo alguna irregularidad por parte del personal del centro.
El caso de Quezada, convertido ya en un símbolo mediático del sistema penal español, vuelve a poner bajo escrutinio público el funcionamiento y la vigilancia dentro de los centros penitenciarios.
