El gobierno español, junto con los sindicatos, ha anunciado que ha llegado a un acuerdo para aprobar la reforma de la ley de la función pública en la próxima sesión del Consejo de Ministros, programada para el próximo martes.
Entre las principales novedades de esta normativa, destaca la implementación de un sistema de evaluación del rendimiento de los funcionarios. Los proyectos preliminares que se habían presentado anteriormente incluían la posibilidad de que aquellos que no superaran estas evaluaciones podrían perder sus puestos de trabajo.
Sin embargo, esta posibilidad ha sido eliminada, de manera que los trabajadores no perderán sus posiciones. En lugar de realizar un "test de méritos", se llevará a cabo una evaluación del cumplimiento de las tareas asignadas.
De esta manera, esta evaluación no se convertirá en un castigo para los funcionarios, sino que será una herramienta para premiar a aquellos que logren un buen rendimiento, con el fin de facilitar su promoción interna, por ejemplo.
La nueva ley también prevé la racionalización del sistema de complementos salariales de los funcionarios, con el fin de reducir la complejidad y la desigualdad existente dentro de la administración pública.
Asimismo, se agilizarán los plazos para el desarrollo y la ejecución de las futuras convocatorias de plazas, las cuales deberán ser publicadas durante el año natural en que se ofrezca el trabajo público. En cuanto a los procesos de selección, se limitará su duración máxima a dos años, contados desde la fecha de publicación de la convocatoria.
No obstante, la Generalitat ha señalado que esta futura reforma de la ley de la función pública no se considera una normativa básica y, por lo tanto, no afectará a sus trabajadores. En este sentido, el gobierno catalán está trabajando en una ley propia del empleo público, que establecerá un modelo para la función pública catalana y definirá un marco normativo común para todas las administraciones públicas del país.
Por lo tanto, las medidas acordadas entre el gobierno español y los sindicatos no tendrán ningún efecto en el proceso de estabilización del empleo público que está llevando a cabo la Generalitat.
