La ley de amnistía se debatirá y votará en el pleno del Congreso de los Diputados el próximo 30 de enero, según fuentes parlamentarias. La norma ha superado este jueves el trámite de ponencia, que ha incorporado al texto las ocho enmiendas pactadas entre el PSOE, Sumar, ERC, Bildu y BNG. Han votado a favor todos estos grupos y también Junts, que se había descolgado el martes pasado. El PSOE ha cerrado la puerta al resto de enmiendas propuestas por los grupos, entre las que se encuentran las que presentaron ERC y Junts por separado para blindar la amnistía para los investigados del Tsunami Democrático y los CDR. Estas enmiendas quedan vivas y se debatirán en comisión el martes de la semana que viene. Si tampoco hay acuerdo en comisión, llegarán vivas al debate del pleno.
Durante la reunión de la ponencia de este jueves, Junts y ERC han mostrado cierta sintonía votando a favor de la mayoría de las modificaciones que habían presentado unos y otros en solitario y por separado. Las dos formaciones defenderán ahora sus propuestas de modificación durante el trámite en comisión, donde se pueden introducir transaccionales.El debate de este jueves en ponencia ha tenido lugar tras la presentación del informe de los letrados de la comisión de Justicia, que expresa dudas sobre la constitucionalidad de la norma.En su intervención, el PP ha pedido de nuevo a los socialistas que retiren el proyecto de ley y ha reclamado que no se aceptara ninguna de las enmiendas presentadas por las formaciones que impulsan la ley. El portavoz de los populares, Miguel Tellado, afirmó este miércoles que es un informe "demoledor" que demuestra que la ley es "un misil en la línea de flotación del Estado".Por el contrario, la vicepresidenta primera del gobierno español, María Jesús Montero, ha recordado este jueves en declaraciones a Antena 3 que quien debe determinar si la ley es o no constitucional "es el Tribunal Constitucional" una vez sea aprobada."Todos los informes son importantes", ha dicho Montero, que ha recordado que los servicios jurídicos del Congreso emitieron otro informe en sentido contrario hace pocas semanas y que su gobierno considera, como en aquel documento, que ésta es una ley "constitucional".Una vez elaborado el informe de la ponencia, la amnistía sigue tramitándose por la vía de urgencia en el Congreso. La ley llegará a la comisión de Justicia el próximo 23 de enero. Los grupos deberán debatir y votar las enmiendas que no han quedado incorporadas hasta ahora al texto y dejarán el dictamen de la comisión listo para el debate en el pleno del Congreso de los Diputados.El pleno del Congreso debatirá y aprobará definitivamente la ley el 30 de enero. Si no hay ningún giro de guion fruto de los desacuerdos que mantienen los grupos que impulsan la norma, la ley quedará aprobada con 178 votos del PSOE, Sumar, ERC, Junts, PNV, Bildu y BNG. El 'no' cuenta ahora con 172 votos del PP, Vox, UPN y CC.Una vez superada la tramitación en el Congreso, la ley pasará al Senado, donde el PP (que tiene mayoría absoluta) busca fórmulas para retrasar su aprobación. En todo caso, el Senado tiene dos meses como máximo para resolver la norma. Una vez la rechace, la ley volverá al Congreso donde quedará definitivamente aprobada con los votos del PSOE, Sumar, ERC, Junts, PNB, Bildu y BNG, previsiblemente en el mes de abril o mayo.Informe de los letradosEste miércoles se dio a conocer un nuevo informe de los letrados del Congreso sobre la ley que pone en duda su constitucionalidad y avisa de que la medida debería tramitarse como una reforma de la Carta Magna. "La iniciativa contenida en la presente proposición plantea dudas de que pueda tener cabida en la Constitución, por lo que debería ser articulada a través del procedimiento de reforma constitucional", apuntan.Por otra parte, los servicios jurídicos de la Cámara Baja recuerdan que la Constitución rechaza "expresamente" los "indultos generales". El pasado mes de noviembre, en otro informe, los letrados emitieron un informe favorable donde defendían la tramitación de la ley al considerar que no contenía ningún choque directo con la Constitución.
