Junts considera ahora muy difícil que sus siete diputados acaben votando a favor o absteniéndose en alguno de los tres decretos que el ejecutivo español pretende convalidar este miércoles en el Congreso. La formación de Puigdemont se mantiene en el 'no', y asegura que el ejecutivo español no tuvo en cuenta sus peticiones a la hora de redactarlos.
No contempla en ningún caso la posibilidad de permitir su aprobación para que entren en vigor y negociar después el contenido como proyecto de ley, como pide el PSOE. Fuentes de esta formación instan al ejecutivo español a retirar los tres textos, aprobar nuevos en un Consejo de Ministros extraordinario y llevarlos al Congreso.
Junts y el PSOE continúan negociando, pero el ejecutivo español se enfrenta ahora a la posibilidad de una derrota parlamentaria, la primera de la legislatura. Fuentes de la formación de Puigdemont apuntan que ya advirtieron al gobierno español que no apoyarían los decretos cuando se aprobaron en el Consejo de Ministros, el 19 de diciembre, sin una negociación previa, y los textos no se pueden modificar.
El PSOE, apuntan, ha confundido 'hablar' con 'negociar' y ha pretendido que sus diputados votaran a favor de los decretos sin tener en cuenta sus peticiones. "No estamos pidiendo nada descabellado, son cosas razonables", apuntan. Por eso instan al gobierno español a retirar los tres textos y rehacerlos. Si los nuevos textos contemplan las medidas que pide su formación, apuntan, los aprobarán sin problemas.
Si Junts mantiene el 'no', la aritmética deja al PSOE a las puertas de un revés parlamentario. A pesar de tener los votos del resto de socios de la investidura, para superar la votación solo le valdría una abstención o un 'sí' del PP. Pero el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya ha dejado claro este martes que no tiene intención de salvar los decretos, y solo se compromete a llevar más adelante iniciativas propias al Congreso para recuperar algunas de las medidas que contienen.
El 'no' de Junts afecta a los tres decretos que deberían convalidarse este miércoles. El Decreto 6/2023 (Ómnibus) se ha negociado desde el Ministerio de la Presidencia e incluye materias del servicio público de Justicia, la función pública, el régimen local y el mecenazgo. Incluye un artículo 43 bis que en la práctica, según Junts, supone una "alfombra roja" para que los jueces paralicen la entrada en vigor de la amnistía.
El Decreto 7/2023 recoge la reforma del subsidio de desempleo y medidas para la conciliación familiar y laboral. Junts reclama que se incluya a la patronal catalana en los espacios representativos donde se toman estas decisiones, en el diálogo social. Recuerda que lo pide desde 2022 y que el ejecutivo español no ha hecho ningún gesto efectivo en este sentido.
El Decreto 8 del escudo social que prorroga los reales decretos anticrisis e incluye también las subvenciones al transporte público. Junts denuncia que el Estado no ha hecho el pago del 30% de bonificación que le correspondía desde que puso en marcha esta medida, mientras que las comunidades sí que han afrontado su 20%. Ahora la formación de Puigdemont reclama que el Estado asuma todo el 50% de la medida.
Sanciones para empresas que incumplan la ley
Junts también quiere que el ejecutivo español haga movimientos efectivos para el regreso de las empresas que se marcharon de Cataluña amparándose en el real decreto que el gobierno de Mariano Rajoy activó en 2017, en pleno proceso.
La formación de Puigdemont quiere que se derogue aquel decreto y que se refuercen los artículos 9 y 10 de la ley de Sociedades de Capital que establece que las empresas deben tener la sede social allí donde tienen sus centrales administrativas y la actividad principal. Esta petición afectaría especialmente a las empresas sujetas al control de la CNMC y del Banco de España. Esto es básicamente el Banco Sabadell y La Caixa.
En este marco, Junts quiere que se establezcan bonificaciones a las empresas que se quedaron en Cataluña y las que ahora devuelvan su sede social allí donde la tenían en 2017, y por otro lado que se sancione a las que incumplen la Ley de Sociedades y mantienen sus sedes fuera del territorio donde operan.
El PSOE, por ahora, solo se ha mostrado dispuesto a incorporar al decreto 6 una modificación de la ley para reforzar la referencia a la necesidad de tener la sede en el territorio donde se opera, pero Junts quiere que incluya todas estas peticiones y que se haga en un decreto aparte.