El gobierno español ha aprobado un decreto que impide a las empresas eléctricas realizar llamadas comerciales no solicitadas. El texto, ratificado este martes por el Consejo de Ministros, establece que estas compañías no podrán ni hacer publicidad ni ofrecer contratos por teléfono si el consumidor no lo ha pedido "de forma explícita".
Medidas para proteger al usuario y evitar prácticas agresivas
Esta iniciativa forma parte de la nueva normativa del sector eléctrico, que tiene como objetivo principal "maximizar la protección" de los usuarios. Además de esta restricción sobre las llamadas comerciales, se ha incorporado una cláusula que prohíbe cortar el suministro eléctrico durante festivos, vísperas o días en los que no haya servicio de atención al cliente.
El Ministerio para la Transición Ecológica ha anunciado también que está trabajando en "medidas equivalentes" para el sector del gas.
Sanciones económicas y controles específicos en las llamadas autorizadas
Ante el incumplimiento de la norma, las empresas que realicen el llamado ‘spam’ telefónico se enfrentarán a multas que oscilan entre los 600.001 euros y los seis millones de euros, según establece la normativa de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC). Esta institución será la encargada de gestionar y resolver estas infracciones.
Además, en aquellas llamadas comerciales que sí estén autorizadas, se requerirá utilizar un prefijo "específico". En caso de incumplimiento, se pedirá a las operadoras telefónicas que bloqueen automáticamente estos números.
Agrupación de derechos: agilización del cambio y eliminación de penalizaciones
El borrador también contempla simplificar el proceso para cambiar de suministrador. En este sentido, prohíbe cualquier tipo de compromiso de permanencia o sanciones económicas derivadas de rescisiones anticipadas de los contratos
Más transparencia y calidad en la atención al cliente
Sara Aagesen, ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, ha destacado que aumentan las exigencias sobre calidad y transparencia de los servicios de atención al cliente y gestión de reclamaciones. Las empresas suministradoras estarán obligadas a disponer al menos de un servicio gratuito digital donde se pueda dejar constancia documental clara —incluyendo si son necesarias transcripciones— de todas las peticiones efectuadas por los clientes.
Derechos especiales para los consumidores con bono social eléctrico
En cuanto a los consumidores beneficiarios del bono social eléctrico, la nueva regulación estipula que deben expresar su voluntad de abandonarlo mediante una "constancia escrita", especialmente cuando opten por contratar en el mercado libre. Paralelamente, las compañías están obligadas a informar mensualmente sobre estas renuncias a la CNMC.
Además, se permitirá a comunidades autónomas y entes locales declarar como “esenciales” los suministros a los titulares de este bono social para que no se les pueda cortar el servicio en caso de impago
Nuevas posibilidades contractuales para los usuarios
La normativa también prevé que los consumidores puedan mantener simultáneamente más de un contrato con una o varias comercializadoras. También se introducen los llamados contratos “de temporada”, con una duración inferior a un año.
Aagesen defiende una ley garantista con protección reforzada al consumidor
Desde el Ministerio para la Transición Ecológica se ha asegurado que esta normativa será "la más garantista", aportando "más protección" a los consumidores ante un mercado cada vez más complejo.
