El Gobierno español tiene previsto mantener vigentes las medidas destinadas a mitigar las repercusiones económicas derivadas del conflicto en el Oriente Medio, a pesar de que este viernes se espera la firma de un acuerdo de paz entre Washington y Teherán en Suiza. Así lo ha anunciado el presidente español, Pedro Sánchez, quien ha explicado que en breve se comenzarán negociaciones con los grupos parlamentarios en el Congreso para garantizar la continuidad del decreto ley más allá del 29 de junio, fecha inicialmente prevista para su caducidad.
Negociación para prorrogar el decreto ley tras el alto el fuego
Sánchez respondió así a una cuestión planteada por la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, donde afirmó: "¿Cuál es nuestra intención? Negociar con los grupos parlamentarios para que el próximo 29 de junio podamos prorrogar estas medidas en un escenario diferente, afortunadamente, con el alto el fuego que se firmará mañana por parte de los Estados Unidos y del régimen de Irán".
Evaluación positiva de los efectos económicos actuales
El jefe del ejecutivo ha destacado que las acciones implementadas hasta ahora han tenido unos resultados "francamente positivos", ya que han contribuido tanto a contener la inflación como a consolidar el crecimiento económico y la generación de empleo. En este sentido, Sánchez subrayó: "Hablando con los sectores afectados (...), la industria electrointensiva decía que gracias a las medidas del real decreto ley se está consiguiendo contener o ahorrar un 14% de la factura de la electricidad".
Análisis detallado antes de decidir sobre la prórroga
Fuentes cercanas al Gobierno han informado a la ACN que actualmente se llevan a cabo encuentros con los sectores implicados para examinar en profundidad tanto el impacto real como la eficacia de los mecanismos vigentes. Según avanzan desde La Moncloa, está previsto aprobar oficialmente el nuevo decreto ley durante un Consejo de Ministros ordinario programado para el mismo 29 de junio. Paralelamente, se trabaja en definir las nuevas medidas y se mantendrán conversaciones con los representantes parlamentarios.
Contexto político y apoyo al paquete inicial
El actual conjunto de iniciativas legislativas se puso en marcha a finales del mes de marzo pasado, cuando diversos grupos parlamentarios —entre los cuales figuraban PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNB, Compromís, BNG, CC y UPN— dieron luz verde al decreto que contempla ayudas fiscales específicas. Cabe destacar que el PP se abstuvo mientras Vox votaba en contra. Esta aprobación permitió mantener un plan valorado en cinco mil millones de euros basado principalmente en una reducción significativa de los impuestos energéticos mediante una rebaja generalizada del tipo de IVA desde el 21% hasta el 10% aplicado a los carburantes, electricidad y gas.
