El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha iniciado una investigación sobre anuncios de pisos de alquiler en zonas declaradas como tensionadas que se ofrecen a precios superiores a lo que marca la ley. Según ha informado en un comunicado, la medida busca “perseguir y eliminar” esta publicidad hecha por “grandes tenedores”.
El ministerio ha advertido que estas prácticas podrían considerarse “desleales por engañosas” y acarrear posibles sanciones.
El secretario general de Consumo, Andrés Barragán, envió una carta el pasado 29 de diciembre “a los principales portales inmobiliarios y asociaciones inmobiliarias”, en la que detallaba los cambios legales aprobados en la Ley de Servicios de Atención al Cliente que afectan a los anuncios en línea.
En este sentido, Consumo ha recordado que es necesario detallar al futuro inquilino “los parámetros utilizados para justificar la renta ofrecida”, como por ejemplo la última cuota del contrato anterior para los particulares o el índice de renta aplicable para los grandes tenedores.
El ministerio, encabezado por Pablo Bustinduy, puso en marcha esta investigación tras detectar anuncios que “podrían infringir las nuevas reglas de transparencia en la oferta comercial en viviendas en zonas declaradas como tensionadas”. Esta fiscalización se realiza con la “monitorización activa” del mercado por parte de Consumo.