El gobierno español, a través del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha impuesto una sanción firme de 64 millones de euros a la plataforma Airbnb por difundir anuncios de viviendas turísticas que no cumplían la normativa vigente. Esta multa asciende a un total de 64.055.311 euros, después de que se haya agotado la vía administrativa.
Anuncios ilegales y publicidad engañosa
El organismo liderado por Pablo Bustinduy detectó hasta 65.122 anuncios publicados por Airbnb que infringían las obligaciones legales relativas a las viviendas turísticas. Entre estas infracciones, destacan:
- La oferta de alojamientos sin disponer de licencia turística válida.
- El uso de un número de registro o licencia que no coincide con los registros oficiales.
- La ausencia de información verídica sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones, hecho calificado como una práctica de publicidad engañosa.
Además, el ministerio constató incumplimientos relacionados con elrégimen de los contratos celebrados a distancia y actitudes obstructivas hacia las tareas de inspección y vigilancia.
Sanciones accesorias y apoyo judicial
Además de la multa económica, la resolución obliga a Airbnb a corregir inmediatamente estos incumplimientos, eliminando los contenidos ilícitos publicados en su plataforma y haciendo pública la sanción impuesta.
Previamente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid había avalado la orden dictada por el ministerio para que Airbnb retirara estos anuncios irregulares en diversas actuaciones administrativas.
Impacto económico y declaraciones del ministro
La cuantía sancionadora equivale aproximadamente a seis veces el beneficio ilícito obtenido por Airbnb durante el período en que permanecieron activos estos anuncios entre la advertencia inicial del ministerio y su retirada efectiva.
Pablo Bustinduy, titular del ministerio responsable, ha manifestado: Hay miles de familias que viven al límite a causa de la vivienda, mientras unos cuantos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus casas
. Además ha añadido que ninguna empresa en España, por grande o poderosa que sea, puede estar por encima de la ley
.