Este martes, el gobierno español ha dado luz verde a un proyecto de ley que establece nuevas ratios máximas de alumnos por aula en la educación obligatoria. Según el texto aprobado, los grupos de primaria no podrán superar los 22 alumnos, mientras que en los centros de educación secundaria obligatoria (ESO) se fijará un límite de 25 estudiantes por clase. Esta medida supone una reducción respecto a los topes actuales, que permiten hasta 25 alumnos en primaria y 30 en la ESO.
Nuevas condiciones para alumnado con necesidades especiales y jornada lectiva del profesorado
Además, la propuesta legislativa indica que en los centros financiados con fondos públicos, cada alumno con necesidades educativas especiales contará como si ocupara dos plazas dentro de la ratio. En cuanto al profesorado, se establece una jornada lectiva semanal de 23 horas para los docentes de infantil, primaria y educación especial, mientras que el resto tendrán una carga horaria de 18 horas semanales.
Mecanismo de implantación gradual hasta el curso 2031-32
Ante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Educación, Milagros Tolón, ha explicado que estas medidas se introducirán "de forma progresiva", con la previsión de que estén plenamente vigentes durante el curso escolar 2031-32. Tolón ha destacado que esta iniciativa no responde a ninguna decisión unilateral sino que es resultado del consenso con toda la comunidad educativa.
Asimismo, ha afirmado: "no solo" mejorará las condiciones laborales de los docentes sino que "revertirá" los recortes efectuados en 2012 y garantizará un tratamiento "homogéneo en todo el territorio".
Evaluación inminente sobre las ratios en educación infantil (0-3 años)
Por otro lado, el ejecutivo ha anunciado el inicio antes del verano de los trabajos destinados a revisar el real decreto vigente sobre las ratios de los centros dedicados al primer ciclo de educación infantil (0-3 años). El Ministerio de Educación asegura haber tomado esta decisión después de haber escuchado y valorado las reivindicaciones del profesorado.
La administración se compromete así a "dar una solución" a esta demanda histórica. En paralelo, recuerda en un comunicado oficial que son las comunidades autónomas quienes ostentan competencias plenas para modificar inmediatamente estas ratios.
No obstante, según señalan desde el ministerio, la falta de cambios hasta ahora responde exclusivamente a una cuestión de "falta de voluntad política".