La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este jueves **prisión provisional sin fianza** para el exministro de Transportes José Luis Ábalos, tras su declaración en el Tribunal Supremo en el marco de la revisión de las medidas cautelares que tiene impuestas por el caso Koldo. La petición llega por **el aumento del riesgo de fuga** ante la proximidad del primer juicio, en el que el exdirigente socialista se enfrenta a penas de hasta **24 años de prisión, 46 de inhabilitación y multas** que ascienden a casi cuatro millones de euros
El juez instructor del Supremo, Leopoldo Puente, deberá decidir en las próximas horas si mantiene a Ábalos en libertad —hasta ahora obligado a comparecencias quincenales, sin pasaporte y con prohibición de salir de España— o si decreta el ingreso inmediato en prisión. El exministro ha llegado al tribunal poco antes de las 9.15 h de la mañana, solo y transportando una pequeña mochila de cuero, sin hacer declaraciones ante la gran expectación mediática.
La vista se ha celebrado pocos días después de que la Fiscalía y las acusaciones populares presentaran sus escritos de calificación, en los que reclaman penas muy elevadas para Ábalos y para su exasesor, Koldo García, en el caso que investiga presuntas irregularidades en contratos de suministro de mascarillas durante la pandemia. Las acusaciones populares piden hasta 30 años de prisión tanto para el exministro como para García.
Koldo García, citado también este jueves a las 12.30 h para revisar sus medidas cautelares, podría afrontar la misma petición de prisión provisional.
La decisión sobre Ábalos se produce justo una semana después de que Santos Cerdán, otro de los investigados en la macrocausa vinculada al cobro de comisiones en contratos públicos, fuera puesto en libertad provisional tras cinco meses en prisión. En caso de que el Supremo decrete el ingreso de Ábalos, este mantendría igualmente su condición de diputado hasta que no hubiera una sentencia condenatoria firme que comportara inhabilitación.
Movimientos paralelos en la Audiencia Nacional
En paralelo, en la Audiencia Nacional ha sido citado a declarar el empresario Víctor Aldama, considerado uno de los principales intermediarios de la trama. Las acusaciones solicitan para él siete años de prisión, teniendo en cuenta su colaboración con la investigación. Según informes de la UCO, Aldama habría pagado presuntamente 10.000 euros mensuales a Koldo García a cambio de influencia ante cargos públicos, entre ellos el entonces presidente canario —y actual ministro— Ángel Víctor Torres.
Aldama ha recogido esta semana la información extraída de sus dispositivos móviles, confiscados durante la investigación, para preparar su defensa antes de comparecer ante el juez.
El caso Koldo entra así en una fase decisiva, con la posibilidad de que uno de los pesos pesados del PSOE durante la etapa de gobierno de Pedro Sánchez pase a prisión provisional mientras avanza una de las causas de corrupción política más relevantes de los últimos años en el Estado.
