El gobierno español ha llegado a un acuerdo con ERC para reforzar la plantilla de jueces destinados a Cataluña con el objetivo de acercar la ratio de magistrados por habitante a la media europea. El acuerdo prevé la creación de 90 nuevas plazas en 2026 mediante decreto y 90 más en 2027, las pactadas con los republicanos. En total, se crearán 180 nuevas plazas en dos años, lo que elevará la cifra de 870 a 1.050 jueces en Cataluña.
Según han explicado las dos partes, el incremento de la plantilla judicial busca garantizar la efectividad real de la nueva regulación sobre la multirreincidencia, que previsiblemente se aprobará este jueves en el Congreso con los votos del PSOE, el PP y Junts, entre otros. ERC ya ha anunciado que se abstendrá.
El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha justificado la posición de su partido en declaraciones a TV3: “Entendemos que el problema existe y que hay gente que su modus vivendi es delinquir, no porque quieran, sino por circunstancias personales. Digamos que la solución punitiva, si no pones más medios, es humo. Subir penas no sirve de nada”.
Rufián ha defendido que ERC es una “izquierda responsable”, pero ha advertido que no comparten el “tufo racista” general de la iniciativa. “No podemos comprarle el relato a la derecha y a la ultraderecha, pero el problema existe”, ha aseverado.
Durante el debate parlamentario, la diputada republicana Pilar Vallugera ha calificado la cuestión de la multirreincidencia de “realmente complicado”. “Lo que las cifras dicen es un descenso en la delincuencia en Cataluña, pero como miembro del partido con más presencia municipalista en el país, estamos al servicio de nuestra gente. (...) Es cierto que el relato que se ha impuesto, en gran parte por las derechas y por la gente que pisa las calles, es que se detecta una necesidad de modificación del Código Penal y de la Ley de enjuiciamiento civil”, ha argumentado, defendiendo la abstención de los republicanos.
Según Vallugera, ERC no votará en contra porque no quiere “hacer sentir incómodas” a los alcaldes y concejales catalanes, pero ha avisado de que la realidad no se transforma “a golpe de Código Penal” ni con populismo punitivo. “No somos buenistas, lo que somos es realistas. Nuestro desastre es una administración de justicia incapaz de dar respuesta en tiempo y forma a las necesidades de los ciudadanos”, ha resaltado, recordando la dotación “adicional” de jueces para Cataluña pactada con el ejecutivo español.
Desde Podem, la diputada Martina Velarde ha expresado el rechazo frontal de la formación a la propuesta, que consideran que alimenta relatos “racistas” de la extrema derecha. “Mucha mano dura con los roba gallinas mientras a los verdaderos delincuentes y ladrones multirreincidentes no se les toca”, ha afirmado, evocando los nombres de Francisco Correa, Luis Bárcenas, Félix Millet o el ‘caso Pujol’, vinculados a casos de corrupción del PP o CiU. “Duros con los débiles y serviles con los fuertes, justo lo contrario de lo que deberíamos hacer”, ha concluido.
