Una familia ha llevado a los tribunales el caso de un hombre de 76 años muerto después de un proceso asistencial que, según la reclamación, llegó demasiado tarde y después de más de 40 visitas al médico. El juzgado contencioso administrativo competente ha admitido a trámite una demanda por presunta responsabilidad patrimonial contra el sistema público de salud, con el foco puesto en un retraso en el diagnóstico que habría condicionado decisivamente la evolución de la enfermedad.
La reclamación, según explica el despacho Sires Abogados, la presenta el hijo del paciente y señala que durante años no se activaron las pruebas clave que, por historial y síntomas, se deberían haber considerado. El texto defiende que, a pesar de antecedentes y molestias recurrentes, no se hicieron las colonoscopias de control previstas en los protocolos ni otras exploraciones complementarias que permitieran descartar a tiempo una patología oncológica.
Más de 40 visitas al médico durante 6 años
Según la demanda, el paciente arrastraba problemas digestivos desde 2010, incluyendo pólipos en el colon que requerían seguimiento periódico. Sin embargo, la revisión programada para 2018 no se habría realizado. Entre 2018 y 2024, siempre de acuerdo con el escrito, el hombre acudió en una cuarentena larga de ocasiones (al menos 42) a diferentes centros del Servicio Andaluz de Salud (SAS) por dolor abdominal persistente y otros síntomas, sin que se impulsaran pruebas para aclarar su origen.
El punto de inflexión, según el relato jurídico, llegó en mayo de 2024, cuando una nueva visita a Urgencias terminó con una colonoscopia urgente. La prueba confirmó un cáncer de colon en estadio IV, con metástasis hepática, pulmonar y peritoneal. El diagnóstico, ya en fase avanzada, descartó una opción curativa: el paciente fue derivado a Oncología con indicación de quimioterapia paliativa, terminó ingresando en cuidados paliativos y falleció en agosto de 2024.
La demanda sostiene que el retraso comportó una “pérdida real de oportunidad terapéutica” y un agravamiento progresivo de la enfermedad. El procedimiento se fundamenta en la normativa que regula la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas cuando el funcionamiento de los servicios provoca un daño efectivo, y ahora se encuentra en fase procesal, pendiente de la práctica de pruebas periciales, documentales y testificales. El letrado José Antonio Sires defiende que el caso va más allá de un simple “retraso administrativo” y pone el foco en la respuesta asistencial a lo largo de los años.