El Gobierno español negocia a contrarreloj con los grupos parlamentarios un nuevo decreto de vivienda que quiere llevar este martes 29 de septiembre al Consejo de Ministros. El Ministerio de Vivienda trabaja sobre una batería de diez medidas que combinan más protección para los inquilinos, cambios fiscales, regulación de los usos temporales y actuaciones para ampliar la oferta de vivienda asequible. El contenido definitivo, sin embargo, continúa abierto a cambios mientras duran las negociaciones.
Uno de los puntos que se están negociando es impedir nuevas compras de viviendas por parte de determinados fondos de inversión y reforzar la protección de las familias vulnerables que viven en inmuebles propiedad de estas empresas, medidas que el Gobierno está negociando con Junts para conseguir su apoyo.
Contratos más estables y cambios en los alquileres de temporada
Otra de las líneas del futuro decreto busca dar más estabilidad a los contratos de arrendamiento y evitar incrementos bruscos cuando llegan al vencimiento. El texto que el Gobierno trabajaba hasta ahora ya planteaba prórrogas extraordinarias de los contratos y medidas específicas para proteger a los inquilinos.
También se quiere actuar sobre los contratos de temporada y de habitaciones. El objetivo declarado por el Ministerio es exigir que los alquileres temporales respondan a una causa real y acreditable y evitar que esta fórmula se utilice para esquivar las normas aplicables a la vivienda habitual.
En materia de desahucios, el ejecutivo busca reforzar la protección de los hogares vulnerables tras el caso de Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada la semana pasada en Madrid tras décadas viviendo en la misma vivienda. Su caso ha intensificado la presión política y social para que el decreto incorpore nuevas garantías.
Bonificaciones para inquilinos y propietarios
El paquete también incorpora medidas fiscales. El Ministerio estudia bonificaciones para reducir el esfuerzo económico de los inquilinos e incentivos para los propietarios que bajen el precio de los arrendamientos. Las desgravaciones a los arrendadores han sido precisamente uno de los puntos negociados durante los últimos días con Junts y han generado debate entre los socios parlamentarios del Gobierno.
Otra medida que continúa sobre la mesa es aplicar un IVA del 21% a los pisos turísticos, con el objetivo del Gobierno de equiparar su fiscalidad a la de una actividad económica y frenar su proliferación. La propuesta ya formaba parte del decreto que se aplazó antes del verano y todavía no está en vigor.
El documento también contempla nuevas ayudas dirigidas a personas que quieren comprar su primera vivienda, pero no disponen de suficientes ahorros, así como el blindaje del parque estatal para que las viviendas públicas mantengan esta calificación. Entre las propuestas figura igualmente una reducción del IVA de la construcción de vivienda protegida con calificación permanente.
Un déficit estimado de 500.000 viviendas
El Ministerio sostiene que las actuaciones contra la especulación deben ir acompañadas de un incremento de la oferta disponible. En el documento difundido este lunes, el ejecutivo sitúa en unos 500.000 viviendas el déficit acumulado en el Estado.
El Gobierno destaca las promociones financiadas con fondos europeos, las transferencias a las comunidades autónomas, la incorporación de viviendas y suelos procedentes de la Sareb al parque público y las inversiones previstas en rehabilitación e industrialización de la construcción.
La protesta en la Puerta del Sol crece antes del Consejo de Ministros
Las negociaciones coinciden con una nueva jornada de movilizaciones por el derecho a la vivienda. En Madrid, la acampada iniciada en la Puerta del Sol continuaba esta madrugada con aproximadamente 350 o 360 tiendas instaladas, después de crecer a lo largo del domingo.
Los concentrados reclaman, entre otras medidas, contratos de alquiler más estables, congelación de los precios y que no se pueda desahuciar a personas vulnerables sin una alternativa habitacional. La protesta tiene previsto mantenerse al menos hasta el Consejo de Ministros del martes.
También hay movilizaciones convocadas este lunes en otras ciudades. En Barcelona, el Sindicat de Llogateres ha convocado una concentración a las 19 horas ante el Palau de Congressos de Catalunya, coincidiendo con la visita de Pedro Sánchez a la ciudad.
La incógnita continúa siendo si el Gobierno conseguirá cerrar a tiempo un texto que tenga suficientes apoyos no solo para ser aprobado este martes por el Consejo de Ministros, sino también para superar posteriormente la votación obligatoria en el Congreso.
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