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La Policía Nacional y la Policía municipal de Madrid han iniciado este martes de madrugada el desalojo de la acampada de la Puerta del Sol, una protesta que se puso en marcha el 26 de septiembre tras una manifestación por la vivienda.
334 personas desalojadas y dos detenciones
Fuentes de la Delegación del gobierno español han asegurado que el operativo se ha desarrollado sin disturbios ni episodios de violencia. Según estas mismas fuentes, el dispositivo ha acabado con 334 personas desalojadas y dos detenciones por desobediencia y resistencia.
Por contra, desde el movimiento Acampada26s han sostenido que la intervención policial para proceder al desalojo ha sido “violenta” y han añadido que durante la actuación varias personas “han resultado heridas” por golpes y por el uso de “gas pimienta”.
Un dispositivo con 400 agentes y apoyo de bomberos y servicios sociales
El operativo policial ha estado integrado por 220 agentes de la Policía Nacional y 180 agentes de la Policía municipal de Madrid. También han participado bomberos y servicios sociales, dentro de un dispositivo que ha actuado a primera hora del día en la capital española.
La Delegación del gobierno español ha destacado la coordinación entre los diferentes cuerpos y servicios implicados y ha agradecido la “profesionalidad” de quienes han intervenido en una actuación que, según ha afirmado, se ha desarrollado “bajo los principios de oportunidad, congruencia y proporcionalidad”.
El movimiento mantenía la acampada este lunes
El día antes del desalojo, este mismo lunes, los acampados leyeron un manifiesto de apoyo a la huelga general y para extender la protesta a los barrios. En la rueda de prensa posterior, los representantes del movimiento aseguraron que mantenían la acampada, aunque no concretaron hasta cuándo.
En este sentido, ha asegurado que desde un primer momento, y con asesoramiento jurídico, entendió que la permanencia de la protesta quedaba comprometida en el ámbito de la protección del derecho fundamental de reunión. Por ello, aplicó el régimen jurídico propio de este derecho y solicitó a la Jefatura Superior de Policía de Madrid que garantizara su ejercicio pacífico.
Ha añadido que la Delegación ha dado prioridad a la interlocución, a la retirada voluntaria de las instalaciones y a la adopción de medidas concretas para corregir los riesgos detectados, valorando cada actuación de acuerdo con las circunstancias del momento. Durante este período ha asegurado que han estado abiertos los canales de coordinación entre la Policía Nacional y la Municipal de Madrid, así como la comunicación con las administraciones, responsables de transporte público, las asociaciones empresariales que habían trasladado incidencias y también con los interlocutores de la protesta.
La Delegación ha explicado que estos contactos han permitido resolver situaciones de mayor o menor riesgo y también había conseguido avances en la desocupación progresiva del espacio, como se ha ido produciendo en las últimas dos semanas.
Dos escritos pidiendo que se pusiera fin a la acción
Finalmente, la delegación remitió un escrito a los acampados el 26 de octubre donde se les informaba que había transcurrido un período de tiempo “razonable” en el que habían podido llevar a cabo sus reivindicaciones. Además, se indicaba que habían cambiado las circunstancias y naturaleza de la acampada, de la que se habían retirado algunas de las organizaciones participantes y que “un gran número” de las personas que había era gente sin hogar, así como otros colectivos vulnerables, “perdiendo, por tanto, el objetivo inicial de la misma”. Con todo, se les informaba que podría resultar “legítimo” poner fin a la acampada.
El 29 de octubre se remitió un segundo escrito en el que se exigía el desmantelamiento de la acampada a la mayor brevedad posible. Al día siguiente, los interlocutores, según la Delegación, les trasladaron que disolvían todas las comisiones a través de las cuales se organizaba la acampada. Sin embargo, quedaban “residualmente” algunas personas.
Desalojo “como último recurso”
Ante este contexto, la Jefatura Superior de Policía de Madrid puso en conocimiento de la delegación diversos hechos presuntamente delictivos e incidentes en el interior o en el entorno inmediato de la acampada. “La evolución de las circunstancias, la persistencia de las instalaciones a pesar de las comunicaciones hechas, las alteraciones del orden público comunicadas y el peligro concreto para las personas y los bienes determinaron la necesidad de proceder al desalojo y al desmontaje como último recurso”, ha defendido la Delegación en un comunicado.
