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El Congreso de los Diputados ha convalidado este miércoles el decreto ley con medidas urgentes para hacer frente a la crisis migratoria de Ceuta, un paquete dotado con 309 millones de euros. La iniciativa ha recibido el apoyo de la mayoría de grupos, con la excepción de Vox, que ha votado en contra, y Junts, que se ha abstenido. Según detalló el gobierno español, el plan equivale al 16% del PIB de la ciudad autónoma y se desplegará en solo cuatro meses.
El paquete de medidas prevé destinar 21 millones a los servicios esenciales, más de 90 millones a reforzar la seguridad, 118 millones a la acogida de los menores y a la atención humanitaria, y 80 millones para ayudas directas a empresas y trabajadores.
En su intervención en el debate, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha defendido que el decreto es un "paso" que ayudará a Ceuta a volver a la normalidad y ha pedido a los grupos "responsabilidad" para sacar adelante las medidas.
PP, Vox y Junts cuestionan el contenido del plan
El PP ha cargado contra el diseño del paquete y ha acusado al ejecutivo español de "empaquetar dinero de dinero con diferentes lacitos". El diputado José Vicente Marí ha añadido: "Estamos ante el enésimo plan para esparcir vuestra propaganda típica (...) No podéis tapar vuestra incompetencia con dinero".
En términos similares se ha pronunciado el diputado de Vox José María Figueredo, que ha calificado de "ridículas" las ayudas previstas para empresas y autónomos. "Lo que tenéis que hacer es devolver a los invasores a Marruecos y dejar de repartir limosna", ha dicho.
Junts también ha rechazado el decreto, que considera "la factura" del fracaso político de Sánchez con la crisis en Ceuta. "Gobernar no es llegar con el BOE y la cartera abierta después de una crisis, sino preverla y coordinar una respuesta", ha señalado el diputado Josep Maria Cruset.
Refuerzo de los servicios esenciales, la seguridad y la acogida
En cuanto a los servicios esenciales, el plan incrementa en 100 el número de profesionales de la atención primaria y hospitalaria. También reserva 3,5 millones para la seguridad de los centros docentes y 4,5 millones para jueces, fiscales y letrados de la administración de justicia, para agilizar los expedientes.
En el ámbito de la seguridad, el gobierno español inyecta 7,1 millones a la Policía Nacional y 8 millones a la Guardia Civil. Además, destina 74 millones al refuerzo del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas por el "despliegue de personal y medios, transporte, logística y mantenimiento del material".
En el capítulo de acogida humanitaria, el ejecutivo aporta la partida más elevada: 53,4 millones para el alojamiento y la atención básica de las personas migrantes -alimentación, salubridad, acompañamiento, entre otros- y 63,5 millones más para la acogida de los menores no acompañados.
Ayudas directas, fiscalidad y apoyo a la actividad económica
En cuanto a la actividad económica, el decreto incluye ayudas directas a empresas y autónomos: 5.000 euros para cada autónomo y entre 10.000 y 150.000 euros por empresa, en función del volumen de facturación. Se espera que esta partida beneficie a 2.600 autónomos y 1.400 empresas.
El paquete también incorpora la bonificación del impuesto de sociedades, que pasa del 50% al 60% para las entidades residentes en Ceuta y Melilla, así como mejoras en la tributación del IRPF para los autónomos. Estas dos medidas, que suponen 12 millones de rebaja fiscal, tendrán carácter permanente.
La norma prevé, además, destinar 1 millón de euros al Plan Ceuta Exporta para "promocionar internacionalmente" la ciudad; 14 millones a bonos al consumo y al turismo; líneas de avales del ICO por valor de 50 millones, y extensiones de cuotas a la Seguridad Social para empresas que recurran a ERTEs.
