La Casa Real ha remarcado este viernes que el rey emérito Juan Carlos I puede volver a España “cuando quiera”, pero ha avisado que antes debería recuperar su residencia fiscal en España. Fuentes de la Zarzuela remarcan a la ACN que, si el padre de Felipe VI decide acabar con su etapa en Abu Dhabi, debe pensar en “salvaguardar” su “imagen y reputación” ante “posibles críticas” que podrían afectar al conjunto de la institución. La Jefatura del Estado responde así al debate generado por la propuesta lanzada por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que defendió el regreso del emérito coincidiendo con la desclasificación de los papeles del 23-F.
La petición de la Corona sobre la situación fiscal de Joan Carles I se suma al posicionamiento de este jueves, cuando apuntaron que la decisión de si Joan Carles de Borbó debe volver o no a España es solo del propio rey emérito. Fuentes de la Zarzuela recordó entonces que “fue decisión suya marcharse y volver también debe ser suya”. De hecho, el padre del rey se marchó a Abu Dhabi asediado por las investigaciones contra él por presunto fraude fiscal, no por informaciones sobre su papel en el 23-F.
El gobierno español, por su parte, acusa al PP de crear una “no polémica” que ha obligado al equipo de Felip VI a posicionarse. De hecho, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, se ha sumado al posicionamiento de la Casa Reial y ha dicho que quien tiene que elegir si acabar con su residencia fuera de España es Joan Carles. “Volverá cuando lo decida”, ha insistido esta mañana en la Cadena SER.
En cuanto a la estrategia del PP, que avisó a la Casa Real antes de lanzar la propuesta de regreso del monarca emérito, ha manifestado que es “un despropósito absoluto”. “Marca el desnorte del PP, que no sabe exactamente el papel que le toca jugar en la historia de España”, ha resumido lamentando que el jefe de la oposición haya intentado involucrar a la Zarzuela en esta polémica.
Problemas tributarios
En los últimos años, el rey emérito ha sido salpicado por diversas acusaciones de delitos tributarios. El pasado mayo, la Sala Segunda del Tribunal Supremo inadmitió una querella interpuesta por un grupo de juristas, en ejercicio de la acción popular, contra él por presuntos delitos contra la hacienda pública. El auto acordaba el archivo de las actuaciones al considerar que los hechos no constituyen ilícito penal, están prescritos o fueron objeto de regularización tributaria. La querella sostenía que el rey habría cometido cinco delitos fiscales relacionados con rentas y donaciones no declaradas a través de fundaciones.
En 2022, la Fiscalía Anticorrupción también archivó una investigación que mantenía sobre el pago de comisiones en los contratos del AVE a la Meca porque no pudo acreditar si las transacciones investigadas constituían un delito. Esta investigación no se dirigía al rey emérito Juan Carlos I, sino a empresarios a los que se adjudicó la construcción de la infraestructura, ya que los hechos son anteriores a la abdicación del monarca, cuando gozaba de inviolabilidad, y era la última pieza que continuaba abierta sobre este asunto. Anticorrupción abrió la investigación a finales de 2018 a raíz de una grabación de la examante del rey emérito, Corinna Larsen.