El gobierno español ha “condenado” este lunes la decisión del juez Juan Carlos Peinado de abrir juicio oral contra Begoña Gómez. Fuentes del ejecutivo sostienen que Peinado ha llevado a cabo una instrucción “arbitraria e injusta” que solo ha tenido como objetivo la “persecución judicial” contra Gómez “por el hecho de ser la mujer del presidente del gobierno”.
"Durante toda la instrucción ha quedado clara y demostrada su inocencia", han afirmado, “y estamos seguros de que quedará demostrado en el juicio” por parte de un jurado “equánime” que “impartirá justicia”.
La reacción ha llegado poco después de que el juez (que se jubila al final de esta semana) haya acordado la apertura del juicio oral contra Begoña Gómez por los delitos de tráfico de influencias y malversación. El magistrado ha decidido enviarla a juicio con jurado popular junto con su asistente en la Moncloa, Cristina Álvarez, que será juzgada por un presunto delito de malversación de fondos públicos.
INDIGNACIÓN EN EL GOBIERNO ESPAÑOL
Según la Moncloa, es el último capítulo “de una instrucción arbitraria e injusta que solo responde a la persecución judicial contra Begoña Gómez por el hecho de ser la mujer del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez".
El ejecutivo también ha criticado el momento en que se ha conocido la resolución, que nuevamente ha coincidido con un viaje oficial de Sánchez y que se ha hecho pública “antes de ser notificada a las partes”.
"Es intolerable que, una vez más, se notifique un auto de esta causa coincidiendo con un viaje internacional del presidente del gobierno español", han apuntado.
ZP CONTRA LAS CUERDAS
Paralelamente, el juez de la Audiencia Nacional (AN) José Luis Calama ha citado a declarar como investigadas en el caso ‘Plus Ultra’ a las hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero el próximo 30 de noviembre.
En el auto, el juez también explica que ha solicitado un informe pericial a una joyería sobre las piezas requisadas en el despacho del expresidente para saber dónde se crearon, el valor de reposición actual o su antigüedad, entre otros.
En este sentido, da tres días a Zapatero para que aporte toda la información que tenga sobre las piezas. El magistrado también cita a declarar como investigados el 19 de noviembre José Ángel Partearroyo, exdirector de la SEPI, y Félix Martín, exdirector financiero de Plus Ultra.
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