Ábalos, Koldo y Víctor de Aldama condenados hasta a 24 años de prisión por el 'Caso mascarillas'

La sentencia impone penas de prisión al exministro socialista, su asesor y un empresario por formar parte de una organización criminal que manipuló contratos públicos durante la pandemia

22 de junio de 2026 a las 15:50h

El Tribunal Supremo (TS) ha dictado este lunes la sentencia que condena al exministro socialista José Luís Ábalos a 24 años y tres meses de prisión. También ha sentenciado a su asesor, Koldo García, a 19 años y ocho meses, y al empresario Víctor de Aldama, a cuatro años y medio. Esta decisión llega un mes y medio después de que se cerrase el juicio, visto para sentencia.

Además, se establece un límite máximo de cumplimiento efectivo para Ábalos de 16 años y medio, mientras que García deberá cumplir un máximo de 15 años. En cambio, en cuanto a Aldama, la pena puede quedar suspendida si cumple condiciones como no cometer nuevos delitos, presentar informes semestrales de actividad o realizar trabajos comunitarios durante un año. La resolución ha sido adoptada por unanimidad.

Organización criminal y funciones de los condenados

Según el texto del TS, los tres condenados formaron parte de una organización criminal dedicada a obtener beneficios económicos. El tribunal destaca que aprovechaban la posición política de Ábalos dentro del Ministerio de Transportes y del PSOE para repartirse tareas específicas: Ábalos aportaba “la autoridad que le confería su máxima responsabilidad”, Koldo García actuaba como su “hombre de confianza” y Aldama era quien gestionaba las adjudicaciones en beneficio propio y ajeno.

El alto tribunal subraya que los tres pactaron la comisión futura de diversos delitos dentro de esta estructura con una “vocación de permanencia en el tiempo” reforzada por la interlocución privilegiada entre Aldama y el Ministerio.

Pago mensual de especies a los acusados

Se ha acreditado que Aldama abonaba una cantidad fija mensual de 10.000 euros tanto a Ábalos como a Koldo García para cubrir gastos corrientes. Este pago se efectuó desde octubre de 2019 hasta junio de 2022. Inicialmente se entregaba directamente a García; posteriormente lo hacía a su hermano Joseba García, quien recogía el dinero durante dos meses desde República Dominicana.

Además de este importe fijo, se sufragaron otros costes relacionados con el exministro, como por ejemplo el arrendamiento de un piso situado en el centro de Madrid donde vivía su expareja, Jéssica Rodríguez. El TS explica que Ábalos y Koldo García firmaron un contrato con opción de compra sobre este inmueble propiedad de Aldama para encubrir una garantía crediticia vinculada a los fondos ilícitos obtenidos.

Licitaciones irregulares en plena pandemia

Por otro lado, el Tribunal reconoce las adjudicaciones fraudulentas concedidas durante la crisis sanitaria: dos contratos millonarios para proveer mascarillas destinadas a los organismos Puertos del Estado (ocho millones de unidades) y Adif (cinco millones). La empresa vinculada a Aldama, Soluciones de Gestión, fue beneficiaria directa gracias al pacto previo entre los acusados.

Se añade que tanto Ábalos como Koldo García reclamaron respectivamente 2 millones y 500.000 euros en concepto de comisiones ilegales asociadas a los contratos cerrados en abril de 2020. Según la sentencia, Aldama canalizó este dinero mediante dos sociedades suyas —Deluxe Fortune y MTM 180 Capital— con ingresos superiores a los seis millones de euros.

Influencias en contrataciones públicas relacionadas

Además de los hechos principales, se ha confirmado judicialmente que el exministro influyó en la contratación pública de empresas relacionadas con Jéssica Rodríguez —su expareja— así como con Claudia Montes —amiga personal— hecho relevante dentro de esta trama corrupta.

Largo proceso judicial con numerosos testimonios

El juicio se cerró el pasado 6 de mayo después de catorce sesiones donde declararon unas setenta personas: cargos públicos, funcionarios, empresarios, peritos forenses o agentes de la guardia civil entre otros. Después de los argumentos presentados por los fiscales se habían mantenido las peticiones iniciales:

  • 24 años para Ábalos
  • 19 años y medio para Koldo García
  • Siete años para Víctor Aldama

La acusación popular ejercida por el Partido Popular no modificó estas cifras pero sí rebajó ligeramente (hasta cinco años dos meses) la pena solicitada contra Aldama gracias también al reconocimiento explícito de su papel colaborador “especialmente decisivo”.

Koldo: "A mí ya no me pueden hacer más daño"

Ante los medios presentes tras conocerse la resolución judicial, Víctor Aldama se ha mostrado convencido afirmando: "Colaborar con la justicia tiene beneficios" a la vez que pedía "que todo el mundo siga este camino".

Por sus abogados, Koldo García se está planteando presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional bajo argumentación de una supuesta vulneración de los derechos fundamentales; antes propondrán nulidad procesal ante el mismo TS. En palabras propias declaradas durante el juicio había dicho estar "destrozado" emocionalmente afirmando: "A mí ya no me pueden hacer más daño".

El impacto político coincidiendo con comparecencia presidencial

Esta sentencia coincide temporalmente justo dos días antes de que el presidente español, Pedro Sánchez, comparezca ante el Congreso de los Diputados a raíz de los escándalos derivados de los casos 'Leire' o 'Plus Ultra', todos vinculados también al PSOE.

En paralelo, este miércoles está citada Begoña Gómez —mujer del jefe de gobierno— por el juez Juan Carlos Peinado para que entregue presencialmente pasaporte después de haberle prohibido salir de España preventivamente bajo riesgo potencial de fuga.

Llamado 'caso mascarillas'

El origen judicial radica en una investigación iniciada por el juez Leopoldo Puente quien envió directamente a juicio a los tres principales implicados según presuntas irregularidades relacionadas con la compraventa fraudulenta masiva durante la pandemia dentro del ministerio dirigido entonces por Ábalos.

El magistrado separó causas abiertas distinguiendo esta relativa a los contratos sanitarios -ahora objeto de sentencia- así como otra trama relacionada con adjudicaciones irregulares aún pendiente de desarrollo judicial.

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Ismael Lobo García
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