Los padres de una niña deberán ser indemnizados con 3,5 millones de euros después de que los médicos retrasaran la cesárea cuatro días y provocaran daños irreparables a la pequeña.
Los hechos sucedieron el 12 de octubre de 2014, ahora hace casi nueve años, cuando la madre de la niña, en la semana 38 de gestación, llegó al hospital con contracciones. Los médicos le dieron el alta, pero al día siguiente, 13 de octubre, la mujer volvió y finalmente quedó ingresada.
A pesar de las contracciones, el parto no acababa de llegar y los padres pidieron a los médicos que hicieran una cesárea, pero los médicos no adoptaron el protocolo de parto hasta el 17 de octubre, cuatro días después del ingreso.
En aquel momento, la sentencia recoge que “aparecieron desaceleraciones variables, seguidas de pérdida de foco”, y se procedió a hacer una cesárea emergente. La madre había sufrido un desprendimiento de placenta, con sufrimiento por hipoxia isquémica, y la niña nació en parada cardiorrespiratoria. Los médicos tuvieron que reanimarla, intubarla e inyectarle adrenalina, pero los daños ya eran graves, motivo por el cual se la trasladó a otro hospital.
A consecuencia de las complicaciones en el parto, la niña ha quedado con un 95% de discapacidad, un hecho que la dejará en estado de dependencia durante el resto de su vida. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dado la razón a la familia y ha decidido condenar al Servicio Andaluz de Salud (SAS) a pagar una indemnización de 3,5 millones de euros a los afectados, siendo una de las sentencias de indemnización más altas de la historia por la vía contencioso-administrativa en España en lo que se refiere a daños.