El Tribunal Supremo ha decidido rechazar las denuncias presentadas por Hazte Oír y un particular, que acusaban a varios responsables políticos y policiales de omisión del deber de perseguir delitos por la no detención de Carles Puigdemont, tras su reaparición en Barcelona el pasado 8 de agosto.
En un auto dictado a finales de octubre, el tribunal ha desestimado investigar al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el presidente de la Generalidad de Cataluña, Salvador Illa; así como altos cargos policiales como los directores de los Mossos d’Esquadra, de la Guardia Civil, y de la Policía Nacional, entre otros. La denuncia de Hazte Oír y del particular se alegaba que estos responsables permitieron la salida de Puigdemont de Barcelona sin detenerlo, pese a que sobre él pesaba una orden de detención por malversación relacionada con el proceso independentista.
El Supremo ha argumentado que las denuncias presentadas no especificaban “ninguna conducta concreta” por parte de los responsables políticos o policiales, limitándose a describir sus responsabilidades institucionales, pero sin aportar pruebas o detalles de cómo los acusados actuaron para impedir la detención de Puigdemont. Según el tribunal, la falta de concreción en las acusaciones conlleva el archivo de la causa, ya que no se puede imputar una responsabilidad penal simplemente por las funciones propias de un cargo.
Este incidente se remonta al 8 de agosto, cuando Carles Puigdemont hizo una breve reaparición pública en el Arc de Triomf de Barcelona durante la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. A pesar de la presencia de las fuerzas de seguridad, Puigdemont se marcha de la ciudad sin ser detenido y se volvió a refugiar en Bélgica, donde vive desde su huida de España en 2017. La situación generó una fuerte controversia, con diversos actores políticos y asociaciones exigiendo responsabilidades por la falta de detención, aunque, según los informes policiales, no había indicios de que las autoridades competentes hubieran actuado de manera irregular.
Esta decisión del Supremo se une a la de septiembre pasado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que también rechazó las querellas interpuestas por Vox y Hazte Oír contra otros miembros del gobierno catalán, como el presidente del Parlament, Josep Rull, y el exconsejero de Interior, Joan Ignasi Elena. Todos ellos eran acusados de permitir que Puigdemont abandonara el país sin afrontar la justicia, pero los tribunales consideran que no hay pruebas que demuestren una omisión intencionada del deber de perseguir delitos.
En paralelo, el juez del Supremo, Pablo Llarena, que mantiene abierta una investigación sobre el caso, ha derivado varios informes policiales a los juzgados de Barcelona para investigar si los Mossos d’Esquadra colaboraron en la fuga de Puigdemont. No obstante, la causa contra los altos cargos policiales se mantiene abierta en otro ámbito judicial.
Con esta resolución, el Tribunal Supremo cierra, por ahora, la puerta a nuevas acciones penales contra los dirigentes del gobierno español y catalán, aunque el caso sigue siendo objeto de controversia y de investigación en otras instancias judiciales.
