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La consellera de Interior, Núria Parlon, ha señalado que la actuación de los Mossos d’Esquadra el 8 de agosto durante el pleno de investidura de Salvador Illa y la huida de Carles Puigdemont desde el Arc de Triomf estuvo marcada, también, por la amenaza terrorista, de 4 sobre 5, que hay en todo el Estado. Tanto públicamente como en el juzgado, Interior había dicho hasta ahora que los tres objetivos de aquel día eran la celebración del plenario con normalidad, evitar enfrentamientos entre movilizaciones contrapuestas y la detención de Puigdemont. Ahora señala un cuarto elemento a tener en cuenta: el terrorismo, tanto yihadista como ultraderechista. Lo dice Parlon en una respuesta parlamentaria a la CUP adelantada por ‘El Mundo’ y a la que ha tenido acceso la ACN.
El documento de dos hojas y medio dice que no puede dar la información que se ha facilitado al juzgado que investiga la huida de Puigdemont, pero quiere dar “información genérica sobre el objetivo del dispositivo, los antecedentes, cómo se desarrolló y los resultados”, aunque en ningún momento menciona la huida de Puigdemont. Aparte de garantizar la celebración del plenario y evitar enfrentamientos, el informe también justifica el uso del spray pimienta para evitar una entrada masiva de manifestantes independentistas en el recinto del parque de la Ciudadela.
En el caso del terrorismo, dice que “el nivel de amenaza terrorista del acto era moderado, dentro de la situación de un nivel 4 sobre 5 establecida actualmente. El acto de investidura tenía lugar en un momento en que las organizaciones cercanas al movimiento yihadista global han intensificado el llamamiento a atacar intereses occidentales, especialmente las democracias”.
En cuanto al terrorismo de ultraderecha, su amenaza también se consideraba “moderada”, y señala que todos los que participaban en el acto de investidura podían ser “potenciales objetivos”.
Aunque las movilizaciones independentistas y de Vox teóricamente eran pacíficas, los Mossos no descartaban que algunos individuos se pudieran infiltrar y llevar a cabo “acciones más contundentes contra figuras políticas”. Igualmente, también se contempló la posibilidad de que grupos minoritarios quisieran irrumpir en el Parlamento, dañar el edificio o dificultar la llegada de los políticos.
