ACN / Un grup de persones concentrades davant de la Casa de Vallamanya per demanar la seva expropiació
El Departamento de Cultura de la Generalitat ha incoado el expediente para declarar Bien Cultural de Interés Nacional, en la categoría de Lugar Histórico, la Casa Carrilet d’Alcarràs (Segrià). El Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) ha publicado la resolución firmada por la consellera de Cultura, Sònia Hernández. El presidente Francesc Macià veraneó y pasó temporadas en esta casa solariega que había sido propiedad de la familia de su mujer y que actualmente se encuentra en muy mal estado. Desde la iniciativa popular ‘Salvem Cal Macià’ hace años que exigen a las administraciones que intervengan para evitar su desaparición y, ahora que se ha formalizado el trámite de protección, reclaman que se expropie la casa de forma inmediata.
La resolución firmada por la consellera detalla que el 14 de enero la Dirección General del Patrimonio Cultural emitió un informe favorable a la incoación del expediente y que se ha procedido a hacerlo de acuerdo con la Ley del patrimonio cultural catalán. El trámite se ha notificado al Ayuntamiento de Alcarràs.
La incoación del expediente comporta la aplicación inmediata y provisional del régimen de protección establecido para los bienes culturales que ya han sido declarados de interés nacional. Con todo, una vez publicado el expediente en el DOGC se abre un proceso de alegaciones durante el plazo de un mes.
Desde la iniciativa popular ‘Salvem Cal Macià’ han valorado este trámite como “un pequeño paso” y han subrayado que, una vez incoado el expediente, Casa Ribagorçana “ya se puede considerar a todos los efectos como un BCIN” y que “si existe la voluntad política necesaria” la Generalitat ya puede expropiar la casa.
El colectivo afirma que la Generalitat y el Ayuntamiento son contrarios a llevar a cabo esta expropiación y defienden que esta es “la única vía y garantía de preservar el inmueble y la memoria del presidente Francesc Macià”.
El 22 de diciembre de 2023, la Generalitat, la Diputación de Lleida y el Ayuntamiento de Alcarràs presentaron un acuerdo para recuperar este patrimonio según el cual las dos primeras administraciones destinarían 920.000 euros a la compra y restauración de la casa de Solivella, de propiedad privada. Finalmente, sin embargo, el compromiso no se materializó.
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