La imposición de peajes y viñetas en las autopistas y autovías catalanas podría ser una realidad de cara a 2025. La Comisión Europea ha enviado un dictamen motivado a España por no aplicar la directiva europea que obliga a instaurar peajes o viñetas para que los estados recuperen los costes de las infraestructuras.
El plazo para aplicar la normativa finalizó en marzo de 2024, y ni España ni otros siete países europeos aplicaron la directiva ni han comunicado medidas de contraprestación durante todos estos meses.
En 2022 se acordó una modificación de la directiva para incluir el ámbito de aplicación a turismos, autobuses, autocares y vehículos pesados pequeños, y los estados tenían hasta marzo pasado para aplicarla. Ahora, España tiene dos meses para tomar las “medidas necesarias” y, en caso de no hacerlo, Bruselas podría llevar al Estado ante el TJUE.
El ejecutivo comunitario ha enviado un dictamen motivado para no aplicar la directiva a tiempo en España y en Bulgaria, Grecia, Italia, Polonia, Luxemburgo, Malta y Portugal.
Peajes o viñetas
La llamada directiva de la euroviñeta plantea la imposición de, o bien peajes o bien viñetas, para que los estados miembros puedan “recuperar” los costes de las infraestructuras por medio de las mismas .
La modificación de 2022 se hizo para incluir en el ámbito de aplicación a autobuses y autocares y vehículos pesados pequeños. Esta también obliga a los estados miembros a incorporar los costes ambientales de la contaminación atmosférica en los sistemas tarifarios con el fin de definir las tarifas en función de las emisiones de CO₂ de un vehículo, con el objetivo de reducir las emisiones y fomentar el uso de vehículos pesados menos contaminantes.
El plazo para transponer la directiva al ordenamiento jurídico interno expiró el 25 de marzo de 2024, y ninguno de los ocho estados miembros mencionados ha comunicado las medidas de transposición, según ha informado la CE en un comunicado. España y el resto de países disponen ahora de dos meses para dar respuesta al dictamen de Bruselas y tomar las medidas necesarias. En caso de que no lo hagan, la CE podría decidir remitir el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
