El Parlamento ha aprobado este miércoles el decreto del Gobierno que fija multas por incumplir los topes de los precios de la vivienda. Según el acuerdo entre el ejecutivo socialista y los Comunes, las sanciones pueden llegar hasta los 900.000 euros en los casos muy graves en los que se fije un precio de alquiler superior al 30% del índice de precios de referencia o en el caso de los alquileres de temporada fraudulentos. El pleno ha aprobado el texto con los votos a favor de PSC, ERC, Comunes y CUP (70), y los votos en contra de Junts, Vox, PPC y AC (62). Se ha rechazado tramitarse como proyecto de ley. La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha defendido que el decreto asegura el acceso asequible a la vivienda.
Durante el debate parlamentario, Paneque ha subrayado que la ley permitirá atender a las personas y familias con más dificultades, así como incrementar el Parque de Vivienda para dar respuesta a la mayoría de la ciudadanía, sobre todo a la juventud. La portavoz ha agradecido el apoyo de los Comunes, y ha reconocido que el trabajo “no ha sido fácil”. Asimismo, ha alargado la mano a ERC para pedir su apoyo a la ley.
Paneque ha reivindicado la eficiencia que exige un régimen sancionador que “debe respetarse”. Y ha reiterado que la nueva ley aporta seguridad jurídica a las relaciones contractuales de alquiler. Finalmente, la portavoz del Gobierno ha pedido la colaboración de toda la cámara y operar en un “marco de entendimiento” en favor de la población.
En cuanto a los grupos, la diputada del PSC Eva Candela ha defendido el contenido del decreto del Gobierno y ha asegurado que la ley sirve para avanzar en la protección de la ciudadanía. La parlamentaria socialista ha asegurado que para solucionar el problema del acceso a la vivienda es necesaria una “combinación” de varias medidas, y que el Gobierno ya tiene una “hoja de ruta clara y una decisión firme” para solucionarlo. Candela ha reivindicado así la construcción de 50.000 viviendas de aquí a 2030, prevista en el acuerdo con los Comunes, así como las medidas previstas en el decreto que ha aprobado hoy el pleno.
La representante de Junts y secretaria primera de la Mesa, Glòria Freixa, ha calificado el régimen sancionador de “absolutamente desproporcionado”. Por su parte, la portavoz de ERC, Ester Capella, ha dicho que el régimen es “necesario pero insuficiente”, y ha exigido “ambición y valentía” al Gobierno.
La diputada Àngels Esteller (PPC) ha defendido los derechos de los propietarios a poner sus pisos a disposición de ser alquilados, y ha acusado al Gobierno de hacer “todo lo contrario”. La diputada Mónica Lora (Vox) ha afirmado que el decreto es un “nuevo experimento fallido” y “un nuevo capítulo del desastre”.
La portavoz de los Comunes, Susanna Segovia, ha insistido en que las sanciones del régimen son proporcionales, y que hay que cumplir la ley ya se sea propietario de una vivienda “o de 200”. Segovia ha lamentado que los grupos que critican las sanciones para quien se salte esta ley sean los mismos que sí reclaman perseguir a quien se salte otras normas.
La diputada de la CUP Laure Vega ha opinado que los partidos no pueden darse hoy “copetes en la espalda” para felicitarse por la aprobación de la ley, ya que tan solo se está estableciendo un mecanismo para que la norma sea “efectiva”. Vega ha resumido, en este sentido, que una ley sin mecanismos de sanción no es una ley, sino “un manifiesto”.
La líder del partido de extrema derecha de Alianza Catalana, Sílvia Orriols, ha apuntado que no se pueden garantizar los derechos de los inquilinos si se minan los derechos de los pequeños propietarios.
Régimen sancionador
El decreto, que modifica las leyes del derecho a la vivienda y del Código de consumo, establece un régimen sancionador para garantizar el cumplimiento de la contención de las rentas del alquiler. Así, el texto fija como infracciones graves o muy graves establecer alquileres a precios superiores al máximo permitido en zonas de mercado residencial tensado, omitir o falsear la finalidad de un contrato de arrendamiento.
También contempla la repercusión en el inquilino de gastos de gestión cuando no proceda, y no hacer constar en las ofertas y los contratos el índice que corresponde a la vivienda o el precio del contrato anterior, o la condición de gran tenedor de la propiedad, en su caso.
Tal y como recoge la exposición de motivos, el decreto responde a la necesidad de abordar “de forma extraordinaria y urgente” la “pérdida de efectividad de la contención de rentas por la ausencia de régimen sancionador“, dada la “situación social de emergencia generada por el desequilibrio entre la evolución de los precios del alquiler de la vivienda y las capacidades económicas de las familias”.
