El Consejo de Ministros aprobará este martes el decreto que transpone la directiva europea que establece los criterios para calcular gravámenes y bonificaciones para el uso de las carreteras.
El gobierno español, sin embargo, ha dejado claro que en ningún caso implica la implantación de nuevos peajes. El ejecutivo descarta cualquier medida para ampliar o modificar el pago por uso de autopistas o autovías y se mantiene la política de bonificaciones y descuentos, que pone un ahorro de 1.400 millones de euros anuales a los ciudadanos desde 2018.
Desde ese año, 4 de cada 10 kilómetros de autopistas del Estado han pasado a ser gratuitas. Se han liberado 1.029 kilómetros de los 2.530 existentes.
La directiva introduce cambios en el método de cálculo de los peajes, así como la posibilidad de internalizar los costes de congestión y los externos por emisiones de CO₂. En las concesiones de autopistas de peaje ya existentes no habrá cambios, ya que no se les aplican los criterios ambientales. En caso de nuevas concesiones, sí se deberán establecer estos criterios en la licitación del contrato.
