Casi la mitad del centenar largo de municipios que han realizado una auditoría hidráulica en los últimos meses pierden más de un 20% del agua que entra en la red debido a fugas, rotura de tuberías, desbordamientos de depósitos y similares. Es una de las conclusiones de un análisis de la ACN de las auditorías municipales, obligatorias por las entidades suministradoras de agua en servicios con más de 5.000 abonados.
Los informes revelan que Amposta y Alcanar son las poblaciones que pierden más agua por fugas, con un 60% y un 56% del total que entra en la red. Ambas confían en revertir las abundantes pérdidas en la renovación de los contratos del servicio. Àger también supera el 50% y Ripoll es la segunda capital de comarca con más desaprovechamiento hídrico.
Según datos de la Agencia Catalana del Agua (ACA), el organismo que ha determinado unos indicadores para estandarizar las auditorías, 133 municipios debían publicar los resultados de los estudios antes del 31 de marzo de 2024. De momento, 12 todavía no lo han hecho, según la misma fuente, entre ellas algunas capitales de comarca: Balaguer (Noguera), Banyoles (Pla de l’Estany), La Seu d’Urgell (Alt Urgell) y Vielha e Mijaran (Val d’Aran).
101 municipios sí han publicado el documento, aparte de 17 más que también están obligados y que dan datos agregados ya que opera en todos ellos Aguas de Barcelona, y de 15 más que no estaban obligados. Las auditorías de cada uno de ellos refleja que en 61 casos de los 133 se pierde más de un 20% del total del agua introducida en la red debido a las fugas y problemas con las tuberías. De hecho, la media de todas las poblaciones es del 22%, mientras que los 17 municipios que dependen de Agbar, como Barcelona, Badalona L’Hospitalet de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat o Castelldefels, se quedan en el 7,7%.
Estos balances hídricos deben realizarse cada dos años y se han calculado a partir de una guía común para todas las entidades catalanas, con “una metodología pionera” que garantiza “la calidad de los datos”. Se realizan a partir de doce indicadores de desempeño, adaptados por la reconocida Asociación Internacional de Abastecimientos de Agua (IWA), y que están relacionados con la gestión de las fugas y la gestión de las presiones de la red. La periodicidad de las auditorías también permitirá “evaluar la efectividad de las mejoras implementadas”.
Amposta y Alcanar (Montsià) lideran el ranking, y prevén revertir la grave situación de la red de agua potable con la renovación o cambio de los contratos de distribución, que exiran pronto, después de unos veinte años de concesión. Las auditorías de eficiencia hidráulica que Agbar ha hecho a petición de la ACA han confirmado el mal estado de las infraestructuras y la falta de inversión. En Amposta el actual gobierno municipal ha ido reponiendo tuberías y buscando subvenciones, aprovechando obras en las calles. En cambio, en Alcanar todavía hay que identificar y ubicar donde se producen las fugas más importantes y tuvieron que denunciar a la empresa porque las obras de mantenimiento nunca se han hecho.
La capital del Montsià perdía en 2022 más de dos millones de metros cúbicos de agua potable, un 64% de la que se distribuye —un 60% por fugas, y el 4% restante se escapa por errores de contadores o agua pinchada. De los 3.152.140 metros cúbicos que entraron en la red, sólo había 1.142.704 metros cúbicos autorizados, de los cuales 979.050 facturados.
Cifras similares aparecen en la auditoría de la propia compañía, Agbar, en el caso de Alcanar. 1.355.501 metros cúbicos de agua entraron en la red del municipio hace dos años. 538.089 metros cúbicos están autorizados y se facturan 537.152. Así, la red pierde más de 817.000 metros cúbicos de agua al año, el 60% de la distribuida –la gran mayoría, también por fugas.
En el caso de la capital del Montsià, el alcalde Adam Tomàs defiende que el equipo de gobierno hace una década que trabaja para revertir estas pérdidas y que, “como mínimo, se han estabilizado”. “Cuando levantamos una calle, cambiamos todo el ciclo del agua, creamos la red de pluviales y cambiamos alcantarillas, tuberías de agua y acometidas de fibrocemento por unas de plomo”, ha detallado a la ACN. Tomás ha puesto como ejemplo la “gran reparación” que han llevado a cabo, en Poble Nou del Delta. Era una obra muy necesaria y también costosa, de cerca de 900.000 euros.
A los 900.000 euros hay que sumar los 700.000 de inversión que requieren las alcantarillas de este núcleo urbano de la ciudad y 40.000 euros más que ha costado la mejora de otra tubería del pueblo. En pocos días, también está previsto iniciar las obras de reposición de una tubería de fibrocemento que abastece la zona de Valletes, que se rompió en 2022. El coste es de 35.000 euros más IVA. El edil ampostino ha denunciado que estas obras “tienen un coste muy elevado” para los ayuntamientos y que, sin ayudas supramunicipales, “no dan abasto para solucionar el problema endémico del agua”.
El Ayuntamiento ha optado dos veces a las subvenciones de la ACA para pagar la obra de Poble Nou y el alcalde lamenta que no se han salido. Sin embargo, el consistorio se presenta a las partidas de subvenciones para mejorar el ciclo del agua. Están pendientes de recibir 200.000 euros para acabar con fugas grandes, una vez se sectorice toda la red de agua de la ciudad. También se ha pedido a Acción Climática una ayuda para el polígono de L’Oriola para mejorar la recogida de aguas pluviales y el reaprovechamiento del agua.
Amposta, como Alcanar, tiene un contrato de veinte años con la empresa Agbar, antes Sorea. Se firmó en 2004. Ahora trabajan para “renovarlo” porque “ha quedado completamente obsoleto” y no permite que la concesionaria haga inversiones en la red. Este es uno de los puntos que se quiere revertir para evitar que todo el coste recaiga sobre el consistorio. Según Adam Tomàs, también se quiere incluir el cambio de los contadores (más de 10.000 en la ciudad) para que sean digitales y se puedan “acotar mucho más” las lecturas y las pérdidas, una medida que también tiene previsto impulsar Alcanar.
El alcalde de Amposta ha avanzado que el nuevo contrato debe prever, “como mínimo” una inversión de cuatro o cinco millones de euros de entrada, “para poder empezar a revertir la situación”. “Son muchos recursos anualmente, pero se ha demostrado que no llegamos y que —esta cifra de inversión mínima— es peccata minuta”, ha insistido.
La situación en Alcanar es aún más grave porque ni el Ayuntamiento puede invertir para frenar las pérdidas y el mal estado de la red, ni tampoco lo ha hecho la empresa en todos estos años. De hecho, como ha recordado el alcalde Joan Roig, el consistorio y la compañía tuvieron un costoso litigio porque no se pudieron recepcionar las supuestas obras de mantenimiento que exigía el contrato.
“Ningún interventor quería firmar las liquidaciones ni se pudo fiscalizar la facturación que hacía la empresa a las personas y usuarios”, ha apuntado. “Las obras que se tenían que hacer de renovación de la red, creemos que no se hicieron. Nadie lo certificó”, ha añadido Roig. Para el alcalde canareu, la auditoría publicada por la ACA y el porcentaje de agua que alerta de que se pierde en Alcanar lo corrobora.
El consistorio, ante la información que les trasladó la Agencia del Agua, ha encargado un estudio a una empresa externa para hacer un diagnóstico de la red y determinar “soluciones a corto plazo”. “La solución tiene mucho que ver con el origen de lo que nos ha pasado en Alcanar”, ha dicho Roig porque el cambio que se hizo, hace veinte años, de un contrato de arrendamiento con la concesionaria a uno de gestión del servicio, “ha acabado siendo una catástrofe”. “Llegados aquí, sabiendo que ya no se puede hacer nada, el año que viene se acaba la concesión definitiva de la empresa y habrá cambios”, ha avanzado el alcalde.
En Alcanar el abastecimiento del agua se hace desde pozos propios y una parte de Alcanar Platja recibe agua del Consorcio de Aguas de Tarragona (CAT). La sequía se ha sufrido “a pequeña escala”, pero el consistorio reconoce que “hay que ser prudentes y responsables y utilizar el agua como toca”.
En las comarcas gerundenses, Santa Pau (Garrotxa) es el municipio con unas pérdidas más notables por fugas (el 47% de lo que entra), aunque no estaba obligado a hacer la auditoría. Ripoll (Ripollès) es la segunda capital de comarca con un desaprovechamiento mayor por el mismo motivo, después de Amposta (cerca de un 45%). L’Escala (Alt Empordà) es el tercero de la lista al mismo ámbito territorial. De los 2,3 millones de metros cúbicos de agua que entran, casi un millón son pérdidas, la gran mayoría de ellos, por problemas con las tuberías y similares (39,7% del volumen de entrada).
El municipio altoaragonés se abastece actualmente de cuatro pozos activos y un quinto en reserva. El agua se capta y se impulsa a través de tuberías hasta los depósitos, donde se trata para ser distribuida. A principios de año, el Ayuntamiento adjudicó lo que llaman “contrato puente” con Agbar para gestionar el servicio a la espera de que se construya la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP). El sistema actual debe hacer frente a las demandas de un municipio grande con más de 135 kilómetros de calles y diferentes urbanizaciones, construidas entre los años 60 y 80, que cuentan mayoritariamente con tuberías de fibrocemento. De hecho, se calcula que más del 44% de las tuberías de la red que tiene el municipio están hechas con este material.
Durante el año 2022, los datos registrados muestran unas pérdidas en fugas de alrededor del 40%. El alcalde, Josep Bofill, dice que en los últimos dos años, sin embargo, se han hecho actuaciones “puntuales” y se ha conseguido “mejorar” entre un 2 y un 3%. “A día de hoy estamos alrededor del 37%”, explica. Pero tienen más previstas. El contrato firmado con Agbar prevé una inversión de entre 150.000 y 200.000 euros en actuaciones de mejora, además de una subvención de 150.000 euros de la ACA. “Este dinero irá, básicamente, a “sectorizar” porque es importantísimo detectar en qué zonas tenemos más pérdidas antes de actuar”, remarca Bofill.
En este sentido, sin embargo, admite que tienen localizadas algunas urbanizaciones donde los problemas serían más evidentes. En concreto, las de Montgó, “que está muy deteriorada” y “conlleva reparaciones cada años”, o el Camp dels Pilans, donde también hay tuberías “muy y muy viejas” y con una “alta presión”.
Con estas medidas, el municipio espera situarse en un plazo “relativamente corto” en torno a la media de Cataluña, con entre un 15 y un 20% de pérdidas. Aquí Bofill admite que alcanzar el 100% es muy difícil y pone en valor, más allá de estas actuaciones, “el trabajo que se ha hecho para reducir los consumos“. “Hemos visto que en los dos últimos años hemos reducido alrededor de un 15-20% el consumo global. Y esto se ha hecho primero por acciones concretas del Ayuntamiento cerrando duchas de las playas, reduciendo temporalidad de riegos, e invirtiendo en lo que son edificios municipales. Y también a través de una campaña que se hizo concienciación”, añade.
En Poniente, los datos recopilados indican que el municipio más afectado por estas pérdidas de agua es Àger (Noguera), donde los 146.805 metros cúbicos que entran se reducen a la mitad sin contar las pérdidas (51,4% por fugas y similares, y 2,8% por errores de contadores y agua pinchada). En este caso, la red de suministro de agua es de unas “características muy especiales, ya que tiene alrededor de 40 kilómetros de tuberías para abastecer a las nueve poblaciones que forman el término municipal”, ha explicado el teniente de alcalde y concejal de Obras, Jordi Cortasa.
Cortasa ha defendido que “el hecho de tener más kilómetros de tuberías hace que podamos sufrir más incidencias”. Además, el recorrido de los conductos pasa “por caminos o incluso zonas boscosas“, ha añadido. Con todo, “estamos terminando de sustituir dos tramos de tuberías de más de un kilómetro que son las que más problemáticas y fugas han generado a lo largo del año. Tenemos el propósito de reducir las averías y las pérdidas en la distribución”, ha afirmado.
Aparte de ello, el ayuntamiento ha pedido otras ayudas que ya están concedidas para “sectorizar” las tuberías con el objetivo de mejorar la optimización del sistema y detectar si hay pérdidas que “no afloran”, ha comentado Cortasa. Asimismo, el consistorio ha solicitado también ayudas para habilitar nuevos contadores, ya que los actuales superan de largo su vida útil.
“Hay un tipo de pérdidas que posiblemente son reducción del conteo de los contadores de los abonados. Los contadores tienen una vida de unos 12 o 13 años y aquí tenemos que ya superan de mucho esta cifra de años”, ha dicho Cortasa.
Los balances hídricos se han calculado a partir de una guía común para todas las entidades catalanas, con “una metodología pionera” que garantiza “la calidad de los datos”. Se realizan a partir de doce indicadores de desempeño, adaptados por la reconocida Asociación Internacional de Abastecimientos de Agua (IWA), y que están relacionados con la gestión de las fugas y la gestión de las presiones de la red. La periodicidad de las auditorías también permitirá “evaluar la efectividad de las mejoras implementadas”.
Aparte de las fugas, los informes también recogen otro supuesto de pérdida de agua: los errores en los contadores o bien pinchar agua para consumir sin pagar, que se incluyen agregados a la misma categoría. El centenar de municipios declara que se escapan por estos motivos un 4% del total de media. Con todo, algunos sobresalen especialmente de la media, como Caldes de Montbui (13,5%) o bien Esparreguera (12,5%) o El Vendrell (12,4%).
Los informes también revelan la disparidad de orígenes del agua que usan los municipios. En algunos casos, la totalidad es importada —normalmente de una red vecina. Es el caso de Igualada, Lleida, Granollers, Sabadell o Terrassa. En otros casos es al 100% producida por el propio gestor de la red, como ocurre en, Vic, Tàrrega, Puigcerdà, Girona, Santa Coloma de Farners u Olot. En aproximadamente la mitad de los casos, es una mezcla entre agua propia y de fuera, como el caso de los 17 municipios de Aguas de Barcelona, que tienen un 42% proveniente de otros lugares y un 58% de producida por la propia empresa.
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