lunes, 13 de enero de 2025
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La distribución de butano, paralizada por una nueva huelga de los repartidores

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Este miércoles continúa la huelga que afecta a la distribución de gas butano en todo el Estado español, con la suspensión del servicio de reparto de bombonas a domicilio. La protesta, convocada por la Federación Española de Distribuidores de Gases Licuados del Petróleo (Fedglp), denuncia la inacción del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico ante sus reivindicaciones, y exige la apertura de una mesa de diálogo.

Reivindicaciones de los distribuidores

Los convocantes reclaman que el Gobierno asegure una retribución mínima de 4,8 euros por cada bombona distribuida, muy lejos de los 25 céntimos que perciben actualmente. Según un portavoz de la patronal, la situación de los repartidores es “crítica” y arrastra más de una década de inmovilismo en la actualización del sistema de retribución, según ha informado 20minutos.

El descontento se ha intensificado después de que, coincidiendo con el inicio de la huelga el pasado 5 de noviembre, el Ministerio publicara un borrador de la nueva orden ministerial que regula el precio del butano. La Fedglp considera que esta propuesta está muy por debajo de las necesidades reales para cubrir los costes del servicio a domicilio.

Calendario de paradas y zonas afectadas

Los repartidores mantienen un calendario de suspensiones previstas para el 17 y el 23 de diciembre, después de haber protagonizado paros los días 5, 13, 21 y 29 de noviembre y el 5 de diciembre. La huelga afecta a la distribución de más de 150.000 bombonas diarias en todo el país, con consecuencias para más de 6 millones de hogares que dependen de este suministro, según el mismo medio anteriormente mencionado.

No obstante, se han garantizado excepciones en zonas afectadas por la reciente DANA, como la provincia de Valencia, donde el suministro de butano es esencial para el bienestar diario de muchas familias. Asimismo, la patronal asegura que el servicio no se verá interrumpido para usuarios en situación de vulnerabilidad social, centros educativos, sanitarios, residencias de personas mayores, o instituciones sin ánimo de lucro.

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