Junts per Catalunya ha confirmado este miércoles en el Congreso de los Diputados que rechazará el impuesto a las energéticas que el Gobierno español quiere mantener, una de las medidas impulsadas en el marco de la crisis inflacionaria de los últimos años. El ‘no’ de Junts se une a las posturas negativas de PP, Vox y el PNB (Partido Nacionalista Vasco), un hecho que supondrá que el Estado pierda unos 1.000 millones de euros en ingresos.
La ministra de Hacienda María Jesús Montero ha defendido en el Congreso que la prórroga del impuesto a las energéticas, que grava los beneficios de empresas como Naturgy, Repsol o Cepsa, es “un compromiso político” de su partido, pese a la “legislatura compleja” que afronta el PSOE y el posicionamiento político contrario a la norma por parte de la oposición. De hecho, sin los votos de Junts y el PNB, que en este caso se alinean con Vox y PP y los intereses de las grandes empresas energéticas, la medida no se podrá mantener.
La negativa de Junts al impuesto es una más de las anunciadas este miércoles y que se suma al ‘no’ al decreto ómnibus, que incluye medidas para el transporte público y la revalorización de las pensiones, que fueron aprobadas por decreto, pero que con el ‘no’ en el Congreso dejarán de aplicarse automáticamente.
La ministra Montero ha alertado a los partidos nacionalistas de que “cada uno tendrá que responder por su voto, pero no hay justificación para imponer el interés partidista ante el interés de la mayoría”. La vicepresidenta primera también ha añadido que “la fiscalidad tiene detrás el modelo de sociedad al que cada grupo aspira. El nuestro es que quien más gana debe contribuir más al sostenimiento del sistema social y el estado del bienestar”.
Impuesto a la banca y las energéticas
Ante la crisis de inflación provocada por la guerra de Ucrania y la inestabilidad geopolítica mundial, en 2022 se aprobaron una serie de medidas para paliar las subidas inflacionarias. Entre estas medidas había impuestos especiales a los beneficios de la banca y las compañías energéticas, dos de los sectores más beneficiados por esta crisis de inflación y que año tras año presentan beneficios extraordinarios históricos.
Estas dos medidas fueron prorrogadas a finales del año 2024, el impuesto a la banca a través de una ley aprobada en el Congreso; y el impuesto a las energéticas en una prórroga del decreto ‘ómnibus’. Junts y el PNB aceptaron mantener el impuesto a la banca, pero rechazaron el impuesto a las energéticas que suponen unos ingresos anuales de unos 1.000 millones de euros para las arcas del Estado. El impuesto a la banca, por su parte, representa unos ingresos de unos 1.500 millones de euros.
A la izquierda del PSOE, desde Podemos Ione Belarra defendió que “las grandes empresas energéticas hace años que se forran a costa de las familias”, mientras que desde Sumar se lamentó de que estos beneficios “obscenos” dispararon la crisis de inflación.
El Gobierno, por su parte, intentó modificar la prórroga del impuesto a las energéticas añadiendo una deducción si se hacían inversiones estratégicas “esenciales para la transición ecológica y descarbonización” y que “contribuyan al crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo”. Esta novedad, sin embargo, no fue suficiente para garantizar los votos de los nacionalistas vascos y catalanes a la norma.
