El Gobierno, a través de la Agencia de la Vivienda de Cataluña, ha comprado 743 viviendas que destinará al alquiler social. En total el gasto asciende a unos 71,26 millones de euros y la compra se formalizará a lo largo de los próximos días.
Según un comunicado del Gobierno, son pisos adquiridos a partir del derecho de adquisición preferente por parte de la administración y se trata de la compra más grande que el ejecutivo ha hecho a través de este sistema.
Los principales beneficiarios de estas nuevas viviendas de alquiler social serán familias que habían perdido el piso por ejecuciones hipotecarias, pero que aún viven en régimen de alquiler a través del programa Reallotgem. Este programa de la Agencia de la Vivienda permite a los inquilinos pagar a la Agencia una renta ajustada a sus ingresos, mientras la propia Agencia paga el alquiler a los propietarios.
La mayoría de los pisos, en Barcelona
Según ha informado la Generalitat, la mayoría de las nuevas viviendas de alquiler social se encuentran en la veguería de Barcelona, con 487 viviendas. El resto están en Lleida (59), el Camp de Tarragona (55), Girona (54), la Cataluña Central (42), el Penedès (34), las Tierras del Ebro (6) y el Alto Pirineo y Aran (5).
La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Silvia Paneque, quien anunció esta operación el pasado mes de febrero, explica que “los inquilinos tendrán la tranquilidad de poder seguir viviendo en los pisos con el mismo contrato de alquiler que tenían hasta ahora”. “Con la venta a un gran tenedor”, añade, “estas familias vulnerables corrían el riesgo de que el nuevo comprador no renovara los contratos“.
Paneque resalta que esta compra responde a la voluntad del Gobierno “de incrementar el parque público de vivienda de protección oficial y, sobre todo, de preservar el derecho al acceso a la vivienda”. En este caso, se trata también “de proteger a los inquilinos y conseguir un ahorro por parte de la Agencia de la Vivienda de Cataluña, que así puede redistribuir los recursos en otras políticas”.