La consellera de Derechos Sociales e Inclusión, Mónica Martínez Bravo, ha defendido este miércoles explorar “vías legales” para “dejar sin efecto” las reclamaciones de pagos indebidos a beneficiarios de prestaciones sociales.
En una comparecencia en el Parlamento, Martínez Bravo ha cifrado en 2.829 los casos de pagos indebidos, una conclusión a la que se llegó tras haber detectado 12.500 casos potenciales, a los que se pidió información adicional para evaluar si habían recibido pagos indebidos.
Según ha explicado la consellera, el 51% de los pagos indebidos se deben a solapamientos entre la renta garantizada de ciudadanía y el ingreso mínimo vital. El importe medio que se reclama es de 7.757 euros.
