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El magistrado de la Audiencia Nacional (AN) que instruye el ‘caso Tsunami Democràtic’, Manuel García Castellón, tiene previsto interrogar este miércoles por la mañana a distancia a la dirigente de ERC Marta Molina. Molina lo hará desde la Ciudad de la Justicia de Barcelona y por videoconferencia con la AN. Los otros ocho investigados en esta pieza, entre ellos la secretaria general de ERC Marta Rovira, podrían declarar más adelante, ya que han alegado incompatibilidad de agendas de sus abogados, quieren declarar desde el exilio o piden que sean citados correctamente en sus domicilios en el extranjero. No obstante, el magistrado ha denegado este martes el último intento de aplazamiento realizado por cinco de los investigados.
El 13 de mayo pasado se conoció la citación de García-Castellón a los nueve investigados: Marta Rovira, Oriol Soler, Xavier Vendrell, Marta Molina, Jesús Rodríguez, Jaume Cabaní, Oleguer Serra, Josep Lluís Alay y Josep Campmajó. El magistrado les permitía declarar por videoconferencia pero desde un juzgado de Barcelona. Castellón también acordó la emisión de una Orden Europea de Investigación en Italia para que localice y tome declaración, igualmente por videoconferencia, a Nicola Flavio Giulio Foglia, también investigado por el caso. El posible aplazamiento podría quedar afectado por la probable aprobación de la ley de amnistía en pocos días.
Las declaraciones de Rovira, el empresario Oriol Soler y el jefe de gabinete de Puigdemont, Josep Lluís Alay, se han aplazado porque sus abogados tenían señalamientos previos. El periodista Jesús Rodríguez, el dirigente de Òmnium Cultural Oleguer Serra y el activista Josep Campmajó están exiliados en Suiza desde hace pocos meses y han pedido ser citados correctamente en el país alpino y poder declarar desde allí por videoconferencia, algo que García Castellón ha denegado. El informático Jaume Cabaní también se encuentra en el exilio. Finalmente, el exdirigente de ERC y empresario Xavier Vendrell ha pedido que se le cite correctamente porque él ahora vive en Colombia, cosa que García Castellón ha denegado.
El ‘caso Tsunami’ también se instruye en el Tribunal Supremo, donde están investigados el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el diputado de ERC en el Parlament Rubén Wagensberg, ya que tienen aforo. Están citados para finales de junio y lo podrán hacer por videoconferencia.
La causa está abierta por varios delitos, entre ellos el de terrorismo, por las lesiones de dos policías nacionales en las manifestaciones de Urquinaona y la muerte de un turista francés en la movilización en el aeropuerto de El Prat, todo octubre de 2019 tras hacerse pública la sentencia del ‘procés’. También ha ordenado practicar una serie de diligencias por las actuaciones “desarrolladas por Tsunami” el 9 de noviembre de 2019, jornada previa a las elecciones generales. García Castellón opina que estas acciones podrían constituir una infracción penal por “omisión del deber de perseguir un delito electoral”, omisión que habrían cometido los entonces responsables “políticos” de la Generalitat por no haberlas impedido.
En concreto, el magistrado repasa los acontecimientos registrados ese día y señala que la secuencia “permite evidenciar el conocimiento que el Gobierno de la Generalitat tuvo de los actos” convocados por Tsunami para ese día.
También permite constatar, en opinión del juez instructor de la causa, que el presidente de la Generalitat, como máximo responsables de la autoridad gubernativa, “conocía” la denuncia presentada ante la Junta Electoral Central, y que la Generalitat “era competente” para impedir la celebración de aquellos actos.
Igualmente se puede comprobar, añade que la Junta Electoral Provincial de Tarragona instó a la Generalitat “expresamente” a impedir la celebración de estas actuaciones. Unas actuaciones, añade, que se llevaron a cabo “sin que conste que se hiciera ninguna actuación para impedirlas”.
