lunes, 19 de mayo de 2025
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Escándalo en Airbnb con más de 65.000 anuncios de viviendas irregulares

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Antes del inicio de la temporada estival, Consum ha comunicado a la aplicación de alquiler vacacional Airbnb que debe eliminar más de 65.000 anuncios ilegales. Estos, no cumplirían con la normativa sobre publicidad, por lo que el gabinete de Pablo Bustinduy ha anunciado la medida este mismo lunes.

Tal y como ha recogido El País, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha pedido el bloqueo de 65.935 anuncios, de los que los primeros 5.800 deberían eliminarse inmediatamente.

Airbnb ha recibido tres peticiones en los últimos meses para borrar estos anuncios ‘irregulares’

“En todos los casos, se tratarían de viviendas completas de uso turísticos, no aparecen anuncios de habitaciones individuales”, han declarado fuentes del Ministerio. Por otro lado, esta es la tercera vez en los últimos meses que Airbnb recibe esta petición. Sin embargo, la plataforma habría recurrido esta acción, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha avalado la actuación de Consumo.

Para conseguir que eliminen los anuncios, el Ministerio ha demostrado que las viviendas no incluyen número de licencia o registro. Por otro lugar, tampoco informa si los propietarios son profesionales o particulares, facilitando información al consumidor para que conozca si está protegido. Finalmente, algunos de los anuncios examinados cuentan con números de licencia que no corresponden con los otorgados por las autoridades.

En estos momentos, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha sentenciado a favor del Ministerio, por lo que Airbnb debería eliminar más de 65.000 anuncios de su plataforma. La sentencia recoge que esta medida se aplicará a varias comunidades como Cataluña, Madrid, Andalucía, Valencia o las Islas Baleares, los territorios que más viajeros reciben durante el verano. Por ello, desde el Ministerio consideran crucial esta decisión para luchar contra el “descontrol” de las viviendas turísticas y favorecer el acceso a la vivienda y blindar los derechos de los consumidores.

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