Esquerra Republicana ha registrado hoy en el Parlament una proposición de ley para revertir la rebaja fiscal otorgada a medida para los promotores del Centro Recreativo Turístico de Vila-seca y Salou, conocido como el proyecto Hard Rock. Los republicanos han solicitado que se supriman los privilegios fiscales aprobados por el Parlamento en 2014, con la oposición de ERC, y que permitían al macrocomplejo de juego pagar sólo un 10% de impuestos sobre los ingresos derivados de la actividad de casinos, en lugar del 55% establecido por la tributación general del sector.
La rebaja fiscal fue una exigencia directa de los promotores del proyecto en aquel momento, como parte de su estrategia para hacer más rentable el macrocomplejo. Según los republicanos, estos beneficios fiscales fueron una concesión que no sólo favorece una actividad especulativa y depredadora, sino que también va en contra de la línea política de ERC y sus principios de sostenibilidad y justicia social.
Los motivos de la proposición
La proposición de ley presentada por ERC quiere derogar las modificaciones legislativas introducidas en 2014 que establecían las ventajas fiscales para los promotores del Hard Rock. En concreto, los republicanos quieren eliminar el artículo 17, que establecía la rebaja fiscal del 10% para los ingresos del juego, así como el artículo 11, que permitía a las empresas gestoras del casino ofrecer créditos a los clientes. También se propone suprimir el artículo 15, que establecía una compensación para la Generalitat por los ingresos que se dejaban de recaudar por la rebaja fiscal, y el artículo 18, que creaba una tributación especial sobre la tasa turística.
Según el presidente del grupo parlamentario de ERC, Josep Maria Jové, esta rebaja fiscal no sólo era un “privilegio injusto” para los promotores del proyecto, sino que también implicaba una grave amenaza para el modelo de territorio que defiende el partido. Jové ha afirmado que la rebaja fiscal era “inmoral” y va en contra de los valores republicanos, ya que el modelo de juego y turismo masivo asociado al Hard Rock es, según él, “depredador del territorio y la salud”.
El compromiso del PSC y la posición de Illa
En el marco de este debate, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha confirmado que la supresión de la rebaja fiscal en el Hard Rock forma parte de los compromisos que asumió el PSC en los acuerdos de investidura. Illa ha recordado que ya había expresado su intención de eliminar estos privilegios fiscales a través de la ley de medidas de acompañamiento a los presupuestos, pero ha destacado que, si ERC decide registrar su propia proposición de ley, el PSC “cumplirá con los compromisos acordados” y la apoyará.
Para no “perder más tiempo”, ERC ha decididor egistrar la proposición de ley por lectura única. Este procedimiento permitiría acortar los trámites parlamentarios, dando prioridad a la tramitación de la ley y acelerando su aprobación.
Desde las últimas elecciones, la mayoría parlamentaria favorable a los beneficios fiscales para el Hard Rock había sido mantenida por una coalición entre el PSC y Junts. Sin embargo, ERC ha conseguido romper esta alianza, con el apoyo explícito de Salvador Illa para eliminar los privilegios fiscales como parte de los acuerdos de investidura.
Un proyecto controvertido
El proyecto Hard Rock fue concebido en 2010 como una gran inversión para Cataluña, en el marco del llamado Barcelona World, que quería ser un centro de entretenimiento de dimensiones colosales con casinos, hoteles y un parque temático. Sin embargo, la iniciativa generó controversia desde el principio, con críticas por parte de diversos sectores sociales y políticos. En particular, se cuestionó la viabilidad económica del proyecto, los impactos ambientales que podía tener sobre la zona y las ventajas fiscales concedidas a las empresas gestoras.
Con la modificación legislativa de 2014, el Parlamento aprobó unas condiciones fiscales especiales para favorecer el proyecto, que incluían una rebaja sustancial en los impuestos a pagar por el complejo. A pesar de los beneficios fiscales, el proyecto no ha llegado a ser completamente operativo y ha estado rodeado de dudas sobre su rentabilidad y sus efectos a largo plazo sobre el territorio y la economía de la zona.
