Hace dos años que el Parlamento vienea dar luz verde a los últimos presupuestos de la Generalitat. Era el 10 de marzo de 2023 cuando el gobierno de Pere Aragonès, con Junts ya fuera del ejecutivo, sacó adelante las cuentas gracias a los votos de ERC, PSC y Comunes. Desde entonces, en marzo de 2024 hubo un intento fallido de nuevos presupuestos que precipitaron las elecciones anticipadas. El gobierno de Salvador Illa, que se puso en marcha el 12 de agosto de 2024, no ha llevado ningún proyecto de presupuestos al Parlament. Y ahora tiene el reto de negociar con los grupos para poder gastar 4.000 millones más. ERC y los Comunes siguen siendo los socios prioritarios a pesar de no cerrarse a acuerdos con otros partidos.
El periodo más largo sin nuevos presupuestos ha sido de más de tres años. Es el periodo excepcional entre las cuentas aprobadas en el Parlament el 22 de marzo de 2017, con Carles Puigdemont de presidente, y los presupuestos de la pandemia aprobados el 24 de abril de 2020, con Quim Torra de jefe del ejecutivo catalán. En medio hubo la aplicación del 155 que supuso la suspensión de la autonomía.
Los últimos que se aprobaron en la cámara catalana son los de 2023. El 10 de marzo de 2023 los presupuestos del gobierno en solitario de Pere Aragonès, con Junts ya fuera del ejecutivo, salieron adelante gracias a los votos de ERC, PSC y Comunes.
En medio, el 13 de marzo de 2024 el Parlament rechazó los presupuestos del Govern d’Aragonès, que no superaron el debate a la totalidad. El ejecutivo llegó a un acuerdo con el PSC, pero no consiguieron cerrarlo con los Comunes, con el Hard Rock como principal escollo. Un hecho que precipitó la convocatoria de elecciones anticipadas para el 12 de mayo y el posterior cambio de gobierno en la Generalitat.
Hasta entonces el Parlament sólo había rechazado una vez los presupuestos de la Generalitat, en 2016 con Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat. Como consecuencia, Puigdemont anunció que se sometería a una cuestión de confianza que superó.
El gobierno de Salvador Illa ha optado por no llevar una propuesta de presupuestos para 2025 al Parlament teniendo en cuenta que la nueva dirección de ERC con Oriol Junqueras al frente se ha negado a abrir negociaciones hasta que no haya avances en los acuerdos de investidura como la financiación singular.
La gestión de la Generalitat sin presupuestos
El pleno del Parlamento convalidó el 29 de enero el decreto ley del Gobierno de necesidades financieras en situación de prórroga presupuestaria. La iniciativa salió adelante gracias a los votos a favor del PSC, ERC y los Comunes. Este primer decreto autoriza al ejecutivo a formalizar operaciones de endeudamiento y conceder avales y garantías durante la prórroga, pero no incluye los recursos adicionales que el Gobierno prevé tener este 2025, unos 4.000 millones de euros.
Así pues, en los próximos meses el ejecutivo de Illa tendrá que aprobar vía decreto modificaciones para poder gastar estos recursos y lo tendrá que negociar con los grupos para que se puedan aprobar en el Parlamento.
El Gobierno podría aprobar este suplemento en un único decreto de 4.000 millones o podría hacer varios, con cantidades más pequeñas, para impulsar propuestas concretas. Fuentes del ejecutivo apuntan que les gustaría poder incorporar los recursos en un único decreto o, al menos, hacerlo a través del “mínimo posible”, aunque admiten que esto será objeto de negociación con los grupos.
De todas formas, el Gobierno es optimista con la actual relación que mantiene con la oposición, especialmente con ERC y los Comunes, los “socios prioritarios” y quienes apoyaron la investidura de Salvador Illa. De hecho, los socialistas apuntan que tras los resultados de las comisiones bilaterales las relaciones con ERC, sobre todo, se han “reforzado y consolidado” y confían en que esta situación “estable” ahora ayude a negociar otras carpetas, como por ejemplo los suplementos de crédito.
Ley de barrios, inspectores de vivienda y construcción de pisos
Según el Gobierno, se activarán todos los mecanismos para cumplir el Plan de Gobierno y los acuerdos de investidura asumiendo que no habrá presupuestos este año. Sin embargo, admiten que, sin nuevas cuentas, hay cuestiones que “pueden tener algunas dificultades” como, por ejemplo, la financiación de la ley de barrios, un gasto que no existe en los actuales presupuestos prorrogados.
Otra cuestión que el Gobierno ya ha avanzado que dependerá de un suplemento de crédito es la incorporación de inspectores para poder aplicar el régimen sancionador en vivienda. El ejecutivo calcula que harán falta entre 75 y 100 inspectores más para garantizar que el régimen -pactado con los Comunes- sea eficaz, porque el cuerpo actual es “claramente insuficiente”, según dijo la portavoz, Silvia Paneque. En esta línea, señaló que no se podría incorporar a los profesionales necesarios hasta que se apruebe un suplemento de crédito. Así pues, el Gobierno deberá habilitar este instrumento para obtener los recursos económicos.
En cambio, una de las carpetas que no peligra tanto por la falta de presupuestos y por la que el Gobierno tiene prácticamente toda la financiación garantizada es el plan para construir 50.000 viviendas hasta 2030. Este plan contempla una inversión de 1.100 millones anuales hasta llegar a los 4.400 MEUR. De este importe, 600 millones corresponden al Instituto Catalán de Finanzas (ICF) y están garantizados, y se incluirían, también, los 100 millones destinados a los fondos de emancipación. De los 500 millones restantes, 250 millones saldrán de fondos propios de los presupuestos prorrogados, y los otros 250 son los que quedarían pendientes de financiación.
Los Comunes han situado la vivienda como la piedra angular de la legislatura. Y en los últimos meses han pactado con el Gobierno algunas de las medidas en este ámbito que el grupo de Jéssica Albiach quería incluir en unos nuevos presupuestos. Por ejemplo, las multas por incumplir topes de precios de alquiler, y el aumento de la tasa turística y del impuesto de transmisiones patrimoniales para los grandes tenedores. Las modificaciones de impuestos implican también aprobar un suplemento de crédito de los presupuestos prorrogados.
Aunque no ha habido negociación sobre unas nuevas cuentas entre Gobierno y ERC, las dos partes sí escenificaron un acuerdo sobre la nueva empresa mixta que gestionará las Cercanías, justo antes de formalizarlo con el gobierno español en la comisión bilateral de infraestructuras. Habrá que ver si los acuerdos en las últimas comisiones bilaterales como la condonación de parte del FLA en Cataluña o potenciar la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) acerca posiciones entre socialistas y republicanos de cara a la ampliación de crédito de los 4.000 millones.
La prórroga presupuestaria, un mecanismo habitual
La prórroga presupuestaria es un mecanismo habitual que se ha intensificado a partir de 2011 con la llegada de Artur Mas a la presidencia de la Generalitat. Desde entonces, sólo una vez se ha conseguido que el Parlamento apruebe los presupuestos antes del 1 de enero. En los últimos 25 años, sólo 9 de las cuentas aprobadas han entrado en vigor antes del primer día del año.
En cambio, en 10 ocasiones los gobiernos han tenido que recurrir a una prórroga temporal hasta aprobar unos nuevos. En 6 años no ha habido presupuestos: el Parlament tumbó los del gobierno de Carles Puigdemont de 2016 y los del gobierno de Pere Aragonès de 2024. Los años 2013, 2018, 2019 y 2021 no se presentaron a la cámara catalana. Y todo apunta a que este 2025 tampoco se llegarán a llevar los presupuestos al Parlamento.
