La Guardia Civil ha desarticulado una organización internacional dedicada al tráfico ilícito de residuos de origen urbano procedente de Italia. Según el cuerpo policial, elayuntamiento habría vertido ilegalmente más de 40.000 toneladas a los vertederos de los municipios de Lleida, Constantí y Riba-roja d’Ebre y Almonacid del Marquesado, en Cuenca, desde 2021. Entre estos residuos se incluyen peligrosos y tóxicos. En el marco de la operación ‘Rifiuti’, han detenido a quince personas físicas y siete jurídicas pertenecientes a esta banda criminal. Los investigados han cobrado más de 19 millones de euros de las empresas de tratamiento de residuos italianas, que habrían contratado sus servicios para deshacerse de los desechos.
Se les investiga por los delitos de pertenencia a organización delictiva, contra los recursos naturales y el medio ambiente y falsedad documental. Las investigaciones arrancaron tras detectar la entrada de residuos en España con documentación que podría estar falsificada, los cuales se trasladaban a vertederos sin haber sido tratados previamente. Así, las primeras indagaciones permitieron identificar una serie de empresas interrelacionadas y con sede en Cataluña y Castilla la Mancha que comerciaban a “grandes niveles” con residuos italianos. Según el cuerpo policial, aunque las compañías italianas eran contratadas para la gestión del residuo urbano, éstas derivaban su eliminación hacia los vertederos catalanes y españoles para ahorrar costes. “Esto habría supuesto unos ingresos millonarios a costa de la hacienda italiana. Se estima que la organización criminal habría ingresado más de 19 millones de euros en los últimos cuatro años”, señalan en un comunicado.
Cinco arrestos
En la operación, se han realizado cinco allanamientos en sedes de personas jurídicas de Lleida, Constantí (Tarragonès) y Riba-roja d’Ebre (Ribera d’Ebre) y Almonacid del Marquesado (Cuenca), donde se ha intervenido material informático y se han analizado muestras de los residuos, las cuales permitirá el esclarecimiento de los ilícitos. La autoridad judicial ha ordenado el bloqueo de los inmuebles y las cuentas bancarias de los investigados, obtenido mediante la actividad ilícita.
