La nueva consellera de Derechos Sociales e Inclusión, Mónica Martínez Bravo, se ha comprometido a crear 6.000 nuevas plazas residenciales en centros de día para personas mayores y con discapacidad, así como a iniciar la equiparación salarial del sector social con el sanitario. Estos son algunos de los objetivos que Martínez Bravo ha apuntado durante la comparecencia en la comisión de Derechos Sociales en el Parlamento, la primera que hace la nueva consellera.
Durante su intervención, la titular de Derechos Sociales también ha asegurado que quiere acelerar el traspaso del ingreso mínimo vital.
En este sentido, ha avanzado la comisión de seguimiento se reunirá en octubre, para poder “poner en marcha los trabajos técnicos” y hacer “efectivo el traspaso lo más rápido posible”.
Urgencia con la puesta en marcha de la Agencia de Atención Integrada Social y Sanitaria
Asimismo, la consellera de Derechos Sociales ha apuntado que entre las acciones “inmediatas” del departamento y que se harán antes de que acabe el año habrá llevar al Parlamento la ley de la Agencia de Atención Integrada Social y Sanitaria, el incremento del indicador de renta de suficiencia en relación con el IPC en el marco del presupuesto para el año que viene y la aprobación del proyecto de Ley de los instrumentos de provisión del Sistema Público de Servicios Sociales.
Por otro lado, Martínez Bravo también ha situado la aprobación del incremento del 5% de las tarifas sociales y el inicio del proceso de equiparación salarial del sector social con el sanitario entre las acciones que se realizarán próximamente.
La consellera ha apuntado a la lucha contra la pobreza infantil entre las prioridades ante unas cifras que “no son aceptables” y la juventud como “acción prioritaria”.
Y en este sentido, según ha anunciado la consellera, una de las acciones “urgentes” será abordar a los 290 menores de edad tutelados de menos de seis años que se encuentran en centros residenciales.
Martínez Bravo ha dicho que en las próximas semanas presentarán un “plan de choque” para garantizar que estos niños estén con una familia de acogida en caso de que no puedan estar con la suya.
Abordar la transformación “pendiente” del sistema de protección social
La consellera ha remarcado que una de las prioridades será abordar la “gran transformación pendiente” del sistema de protección social e inclusión para revertir los datos que sitúan a Cataluña a la cola en varios indicadores, como por ejemplo en pobreza infantil, y garantizar un modelo “de excelencia”.
“Aspiramos a poner a Cataluña como referente en la calidad de los servicios públicos. El sistema de protección social debe volver a ser un referente a nivel europeo”, ha subrayado.
Martínez Bravo ha asegurado que hay que “dignificar” tanto a los usuarios como a los profesionales con un sistema que “no debe ser percibido para colectivos específicos”, sino “de apoyo a toda la ciudadanía”. Así, ha afirmado que hay que reducir trámites “innecesarios” y garantizar una gestión “eficiente”.
“Cuando se gestiona bien no es gasto social, sino inversión social”, ha dicho indicando que la protección social tiene un “retorno económico positivo”.
En esta línea, la consellera ha ejemplificado: “Los programas de inserción sociolaboral, cuando están bien gestionados, consiguen tasas de inserción laboral muy significativas. Si se tiene en cuenta la reducción de la dependencia de prestaciones y el incremento de contribuciones fiscales, la inversión se recupera en un plazo de cinco años. Eso sin contar los otros beneficios en salud, bienestar y cohesión social”. Finalmente, Martínez Bravo también ha incidido en que hay que “modernizar” el sistema de derechos sociales y acabar con la “fragmentación” y la “falta de coordinación”.
“Para abordar la transformación, ha avanzado que se creará un grupo de expertos que la “impulse” de “forma urgente”.
