El grupo parlamentario de los Comunes ha registrado una moción para reclamar el impulso y la aplicación efectiva de la Ley 11/2022 de mejoramiento urbano, ambiental y social de los barrios y las villas, también conocida como la Ley de Barrios Verdes. La moción, que será debatida la próxima semana en el Pleno del Parlament, insta al Gobierno de la Generalitat a adoptar medidas concretas para hacer frente a la crisis de acceso a la vivienda, mejorar las condiciones de vida en barrios vulnerables y promover la regeneración urbana con criterios sociales y ambientales.
En el texto, los Comunes piden la rehabilitación de 150.000 viviendas en los próximos siete años, para que éstas se incorporen al parque de vivienda protegida, y que se dé prioridad a los barrios de más alta complejidad y poder intervenir en ellas de oficio, dado que es donde más dificultades tienen las comunidades para organizarse y acceder a las subvenciones. Para alcanzar el compromiso del acuerdo de investidura para llegar a una rehabilitación anual de 21.428 viviendas, los Comunes piden desarrollar la Ley de Barrios Verdes de manera urgente y “con todo su potencial”, dotándola de recursos del Fondo de Recuperación Urbana con una dotación presupuestaria plurianual y que ésta sea, como mínimo, “la misma que tuvo el plan de Barrios 2004-2010 y permita actuar en 20 barrios al año“.
La moción también incorpora la necesidad de incorporar una dotación presupuestaria para erradicar los 4 millones de toneladas de amianto que aún quedan en Cataluña y cumplir así con los plazos que establece la Unión Europea. Asimismo, se insta a impulsar de oficio la rehabilitación y la regeneración urbana con dotación presupuestaria para solucionar problemas estructurales de toda Cataluña como en el Besòs y el Maresme y los centros históricos de ciudades como Lleida y Manresa. También se pide actuar en barrios como La Salut, Llefià, La Pau y Sant Crist de Badalona, La Maurina en Terrassa, Les Termes y Can Puiggener de Sabadell, Rocafonda y Cerdanyola en Mataró o el Barrio del Puerto en Tarragona, entre muchos otros barrios del país.
La propuesta de los Comunes contempla un plan de revisión integral de las condiciones de habitabilidad de polígonos de vivienda y edificios de protección oficial construidos antes de 1980, que sería la base de los planes de rehabilitación o renovación integral, y un plan específico de detección y actuación de deficiencias en las viviendas de protección oficial de la Agencia de la Vivienda de Cataluña, como La Coromina en Manlleu, así como una línea de ayudas para garantizar la accesibilidad del parque de viviendas y que éstos tengan ascensor.