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Más de 103.000 catalanes han muerto en listas de espera para que se les reconociera el grado de dependencia o para recibir la prestación desde 2007. Coincidiendo con los 18 años de la aprobación de la ley de dependencia en el Congreso, el Observatorio de la Dependencia ha publicado un informe, realizado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de los Servicios Sociales a partir de datos del Imserso.
El informe sitúa a Cataluña como el territorio del Estado donde más personas han traspasado mientras esperaban una resolución sobre la dependencia con 103.055 fallecidos desde 2007. Le siguen Andalucía con 83.254 y el País Valenciano con 37.481. De los fallecidos en Cataluña, 73.042 estaban pendientes de recibir la prestación, mientras 30.013 lo estaban del grado de dependencia.
Según apunta el informe, en el conjunto del Estado, unas 900.000 personas han muerto mientras estaban en las listas de espera de dependencia. La cifra de personas atendidas por el sistema en estos 18 años es de 3.699.078 personas. En Cataluña, las personas beneficiarias estos 18 años han sido 613.700.
El Observatorio de la Dependencia atribuye la cifra de personas que han traspasado mientras estaban en la lista de espera a los procedimientos burocráticos, las “cantidades ridículas” de las prestaciones, la “baja intensidad de los servicios” y la “imposibilidad de compatibilidad”. Así, denuncia un “sistema low cost” que es “poco eficaz” para atender a las personas en situación de dependencia. A ello, remarcan, se suma una “financiación deficiente” y “desigualdades territoriales”.
El informe señala que, de media, un expediente tarda casi un año -330 días- en tramitarse, y que en seis comunidades el plazo es superior al año. A este tiempo, subrayan, hay que añadir lo que se tarda en hacer efectiva la prestación o el servicio otorgado.
El Observatorio de la Dependencia también ve “muy preocupante” que “cada vez se reduzca más el gasto por persona atendida”. Según apuntan, la cifra era de 8.145 euros en 2010 y se ha rebajado a 5.982 euros en 2024, pese al incremento de los costes de los servicios.
