El Gobierno de la Generalitat ha llegado a un acuerdo con ERC, Comunes y CUP para aprobar el decreto de vivienda, que se tramitará también como proyecto de ley, y que regulará el alquiler de pisos de temporada.
La ley también incorporará la figura de inspector de vivienda, que podrá “verificar el cumplimiento de los contratos, detectar fraudes y proponer sanciones”. Además, el acuerdo también permitirá prorrogar viviendas de protección oficial que estén en zonas tensionadas, tal y como pedían los Comunes y la CUP.
El decreto de medidas urgentes en vivienda se votará en el Parlamento este mismo miércoles, y una vez se tramite como proyecto de ley, se incorporarán las enmiendas acordadas con los tres partidos.
El objetivo de la norma es “dejar claro que el alquiler de temporada no tendrá la misma consideración que las viviendas permanentes“. Establece también que los alquileres de temporada son aquellos “destinados a usos recreativos, turismo o por temporada de vacaciones, sea ésta de verano o cualquier otra”. A partir de ahora, el contrato deberá incluir cuál es la finalidad de la vivienda de temporada y el lugar de residencia permanente de la parte arrendataria.
El acuerdo permitirá incorporar a la ley de vivienda 18/2007 la definición de “contrato de fraude“: “Cualquier acuerdo contractual que, de manera intencionada, incorpore cláusulas o prácticas engañosas que vulneren los derechos de los consumidores o que desvirtúe el equilibrio contractual en materia de vivienda en los términos contenidos en el derecho aplicable”.
Según el acuerdo, los inspectores de vivienda estarán vinculados a la futura Comisión de Supervisión de Contratos de Arrendamiento de Vivienda, con la participación de la Agencia de Consumo y la Agencia de Vivienda. Tendrán competencias “para verificar el cumplimiento contractual, realizar inspecciones periódicas y puntuales, documentales y presenciales, detectar fraudes o cláusulas abusivas y elaborar informes proponiendo medidas correctoras o sancionadoras”.
También se establece que en el alquiler de habitaciones, la suma de las rentas de varios contratos de una vivienda en zona de mercado tensionado no pueda rebasar la renta máxima que se aplique a la vivienda.
En cuanto a la prórroga para las viviendas de protección oficial que estaba previsto que lo dejaran de ser a corto plazo, se establece un nuevo calendario. Para los que están situados en zonas de mercado de vivienda tensionada la protección oficial será de 30 años en el caso de promociones en suelo de reserva urbanística de destino a vivienda protegida y si se obtienen ayudas directas; 10 años en el caso de promociones en suelos sin reserva urbanística de destino a vivienda protegida y sin obtener ayudas directas; y 20 años para el resto de supuestos.
