El Parlamento de Cataluña ha aprobado hoy la propuesta de los Comunes para impulsar y desarrollar la Ley 11/2022 de mejoramiento urbano, ambiental y social de los barrios y las villas, también conocida como la Ley de Barrios Verdes. La moción insta al Gobierno de la Generalitat a adoptar medidas concretas para hacer frente a la crisis de acceso a la vivienda, mejorar las condiciones de vida en barrios vulnerables y promover la regeneración urbana con criterios sociales y ambientales.
El texto aprobado a iniciativa de los Comunes reclama la rehabilitación de 150.000 viviendas en los próximos siete años, para que éstas se incorporen al parque de vivienda protegida, y que se dé prioridad a los barrios de más alta complejidad, dado que es donde más dificultades tienen las comunidades para organizarse y acceder a las subvenciones.
La cámara insta a impulsar de oficio la rehabilitación y la regeneración urbana con dotación presupuestaria para solucionar problemas estructurales de centros históricos de ciudades como Lleida y Manresa. También se pide actuar en barrios de todo el territorio catalán como La Salut, Llefià, La Pau y Sant Crist en Badalona, los del Besòs y el Maresme en Barcelona, La Maurina en Terrassa, Les Termes y Can Puiggener de Sabadell, Rocafonda y Cerdanyola en Mataró o el Barrio del Puerto en Tarragona, entre muchos otros del país. Una propuesta que ha contado con los votos favorables de todos los partidos de la cámara catalana (122 votos), a excepción de VOX (11 votos) que se ha abstenido y de Alianza Catalana que ha votado en contra (2 votos).
Para alcanzar el compromiso del acuerdo de investidura con los Comunes, el Parlamento pide desarrollar la Ley de Barrios Verdes de manera urgente y “con todo su potencial”, dotándola de recursos del Fondo de Recuperación Urbana con una dotación presupuestaria plurianual y que ésta sea, como mínimo, “la misma que tuvo el plan de Barrios 2004-2010” y permita actuar en 20 barrios al año.
También se ha aprobado por unanimidad la necesidad de incorporar una dotación presupuestaria para erradicar los 4 millones de toneladas de amianto que aún quedan en Cataluña y cumplir así con los plazos que establece la Unión Europea.
Otras propuestas de la moción de los Comunes aprobadas hoy son pedir al Gobierno del Estado español la extensión del IVA superreducido a cualquier obra vinculada a la rehabilitación de viviendas; elaborar un plan de revisión integral de las condiciones de habitabilidad de polígonos de vivienda y edificios de protección oficial construidos antes de 1980, que sería la base de los planes de rehabilitación o renovación integral, y una mayor disponibilidad presupuestaria para reforzar el mantenimiento, adecuación y rehabilitación de las viviendas de protección oficial de la Agencia de la Vivienda de Cataluña, como la Coromina en Manlleu, así como una línea de ayudas para garantizar la accesibilidad del parque de viviendas y que éstos tengan ascensor.
